El déficit real del Estado en 1996 fue 520.080 millones inferior al presentado por el Gobierno

El déficit real del Estado (diferencia entre ingresos y gastos) en el ejercicio de 1996 fue inferior en 520.080 millones de pesetas al presentado por el Gobierno, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público estatal sobre ese año. A su vez, el superávit de los organismos autónomos fue superior en 56.945 millones. Es decir, una mejora de 577. 025 millones. El informe encuentra anomalías en el funcionamiento de algunos organismos y entes públicos, tanto en el capítulo de contratación y gastos de personal como en sus cuentas fiscales.

Las cuentas rendidas en 1996 correspondientes a la Administración del Estado y sus organismos autónomos arrojaron un resultado presupuestario negativo de 3.337.464 millones de pesetas (4,5% del PIB). En el análisis del Tribunal de Cuentas "se han puesto de manifiesto una serie de salvedades que afectan de forma significativa a la exactitud de los datos ", de forma que, incluyendo todas las operaciones contabilizadas, con excepción de las imputadas por gastos o ingresos de ejercicios anteriores y las no contabilizadas, "el resultado presupuestario del ejercicio sería negativo por importe de 2.760.439 millones" (3,8% del PIB). Es decir, 677.025 millones menos.De acuerdo con ese análisis del Tribunal, la mejora de las cuentas supuso una desviación a la baja de 1.214.252 millones sobre lo presupuestado (un 30,5%); pero únicamente se reflejaron 637.227 millones. Es decir, el Gobierno pudo contar con 576.125 millones de pesetas de más como colchón para el siguiente ejercicio a la hora de ajustar el déficit (España estaba en esos años intentando reducir el déficit para cumplir con los criterios de Maastricht y entrar en la moneda única).

El informe, de casi 1.000 páginas, destaca que de la comparación de los gastos de personal "se deduce la existencia de una gran dispersión en el número de efectivos y el de directores generales o subdirectores y asimilares". Dicho número va desde los 158 funcionarios por cada director general en Administraciones Públicas a los 1.038 del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, siendo la media de 759.

En este capítulo, también subraya que, "como consecuencia de la falta de concreción normativa", el proceso de asignación de complementos a los puestos de trabajo "es poco transparente y no queda suficientemente garantizada la objetividad".

Sobre los gastos de formación y perfeccionamiento, tras apuntar que su "plena identificación presupuestaria presenta dificultades insuperables", también sostiene que "en la distribución entre los diversos promotores no queda garantizada suficientemente la objetividad". En esa misma línea crítica, dice que "no existe uniformidad sobre procedimientos, cuantía y criterios de aplicación" de los gastos sociales y que "no guardan proporcionalidad con el número de efectivos reales".

Igual dureza muestra en la fiscalización de los gastos de personal del consejo de administración del Patrimonio Nacional. Según el Tribunal, "ha puesto de manifiesto la falta de cumplimiento del preceptivo principio de publicidad mediante convocatoria pública del Ministerio de Presidencia en los procesos de incorporación de su personal", así como el saldo de deudores por anticipos y el saldo pendiente de cobro (2,5 millones). El mismo principio de publicidad invoca en el caso del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asegura que no se contempla el cumplimiento del mismo "estando excluidos de su aplicación numerosos tipos de contratos, para los que no existe un procedimiento específico".

Errores aritméticos

El Tribunal también observó "errores aritméticos y defectos formales" en las cuentas de la Agencia Tributaria, "aunque no afectan al fiel reflejo de la realidad económico-patrimonial". Recoge el informe que la Agencia no contabilizó de forma separada del principal los gastos correspondientes a la deuda contraída por el Servicio de Vigilancia Aduanera con la Seguridad Social tras su integración en la Agencia.Del examen de los expedientes de contratación del ente Radio Televisión Española "se desprenden diversas deficiencias en relación con la constitución de garantías, capacidad de los contratistas y publicidad de las adjudicaciones". Sobre el Instituto de Comercio Exterior (Icex) dice que sus cuentas entraron fuera de plazo legal y que no las presentó de forma consolidada, "incumpliendo la legislación mercantil", ya que cuenta con varias sociedades (Sirecox, Focoex y Cofides). Al adentrarse en las cuentas, afirma que "se contabilizaron como gastos, en contra del principio de devengo, las dotaciones a la provisión para gastos de promoción comercial de futuras acciones y no se consideraron gastos del ejercicio las aplicaciones a las provisiones constituidas en ejercicios anteriores". Si se hubiera contabilizado correctamente, el resultado positivo de 2.500 millones sería negativo por un importe de 1.488 millones