Un Consejo de Sabios contra el parón en la UE

Tanto si se trata de crisis en sus fronteras exteriores, como de la escasa eficiencia de los procesos de decisiones domésticas, la Unión Europea sólo suele reaccionar cuando se ve acuciada por la presión, como puede deducirse de los más de cincuenta años de historia de integración europea. La guerra de Kosovo es el ejemplo más reciente y sin duda más claro. Probablemente la causa estriba en la naturaleza de la cuestión, es decir, hacer que quince Estados miembros, con sus respectivos intereses nacionales, coincidan en un denominador común. Antes de cada ronda de reformas, cualquier solución parece lejana. Es lo que ocurre con las reformas institucionales, ahora tan urgentes. Aunque la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y la aprobación de la Agenda 2000 en el primer semestre de este año constituyen unas líneas importantes a seguir, todavía permanecen sin respuesta una serie de complejas cuestiones. El tiempo apremia y es necesario abordar los principales puntos débiles, de sobra conocidos por los Gobiernos de los Estados miembros. Diez países del Centro y del Este de Europa, así como Chipre, ya han sido incluidos en el proceso de admisión. Si en una Unión Europea de 15 miembros, el consenso para llevar a cabo reformas profundas resulta difícil pero posible, en una Unión de 20 o más Estados miembros es casi inimaginable.Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos hoy y mañana en Colonia bajo la presidencia alemana son conscientes de ello. El primer punto del orden del día es la preparación del calendario y de la agenda para la próxima conferencia europea que deberá centrarse en la nueva configuración del sistema institucional y de los procesos de decisión. Es indudable que, si la Unión Europea pretende seguir manteniendo su capacidad de actuación a largo plazo, tiene que otorgar la mayor prioridad a esta tarea. Porque el Tratado de Amsterdam no logró una simplificación de los procesos de decisión ni una mayor transparencia, a pesar de que todos los participantes pusieron sobre la mesa unas propuestas orientadoras al respecto en el marco de las negociaciones. Y, sobre todo, no se alcanzó uno de los objetivos marcados: preparar la Unión para la entrada de los Estados del Centro y del Este de Europa. Quedan abiertas cuestiones como la ampliación de la decisión por mayoría como procedimiento regular, la nueva ponderación de los votos en el Consejo y la limitación del número de comisarios en una Unión ampliada.

Con todo, ¿cómo puede salvarse la laguna que separa el fortalecimiento de la capacidad de actuación de Europa, por una parte, y la salvaguardia de los intereses de los Estados miembros, por otra? La solución podría ser un Consejo de Sabios independiente. La última palabra en este asunto la tienen los jefes de Estado y de Gobierno, que podrían decidir en Colonia la creación de un órgano así para preparar la decisión sobre las reformas institucionales. Es bastante probable que la idea salga adelante, siempre y cuando dicho Consejo se rija por unas bases definidas con claridad meridiana, que consistirían en un mandato limitado en el tiempo, en una precisa designación de sus tareas y en una dotación de personal independiente y de número limitado. Tiene que quedar claro que dicho mandato se conferiría expresamente para preparar la próxima conferencia europea. El grupo debería comenzar de inmediato para concluir sus trabajos a comienzos del año próximo como muy tarde, pues la siguiente conferencia europea está prevista a finales del año 2000, bajo presidencia francesa. En cuanto al contenido, el Consejo de Sabios debería limitarse a la búsqueda de un compromiso firme de reforma de las instituciones y de los procedimientos de decisión. No se trata de crear nuevos modelos, sino de construir sobre las soluciones tratadas en Amsterdam, que deberán ser complementadas para conseguir anudar un paquete que unifique el pragmatismo político y las necesidades objetivas de reforma. Es evidente que un acto de equilibrio tan complejo sólo es posible bajo la dirección de un político experimentado y reconocido en toda Europa. Por consiguiente, la dirección del Consejo de Sabios debería confiarse a una personalidad que no ocupe puesto oficial alguno, como Jacques Delors, anterior presidente de la Comisión Europea, o Felipe González, ex presidente del Gobierno español. Este método de preparación de una decisión ya se ha acreditado en varias ocasiones. A mediados de los años ochenta surgieron los informes Dooge, Adonino y Cecchini, bajo la presidencia de sus mismos creadores. Jacques Delors, como presidente de la Comisión, presentó en 1989 el informe Delors. La Comisión, que preveía la creación de una unión económica y monetaria en tres pasos, estaba presidida por el propio Delors, acompañado de los presidentes de los bancos centrales de la UE y de expertos independientes. Sin embargo, como en este caso el Consejo de Sabios deberá centrarse en las reformas institucionales, queda descartado el nombramiento de Romano Prodi, futuro presidente de la Comisión, como su responsable. No obstante, si el objetivo fuera apoyar al Consejo de Sabios con un grupo de reflexión interinstitucional -compuesto de representantes del Gobierno, del Parlamento y de la Comisión-, Prodi podría hacerse cargo de la dirección. Hay que tener en cuenta que el grupo de reflexión interinstitucional convocado en la fase previa a la Conferencia Europea de Amsterdam requirió 15 meses de preparativos, y que un Consejo de Sabios seguramente trabajaría con más flexibilidad y rapidez.

Sea quien sea el responsable de un consejo de estas características, el número de sus miembros debería reducirse al mínimo. Además del presidente, a este círculo deberían pertenecer no más de cuatro o cinco expertos del mundo de la política y de la ciencia. El nombramiento de estos miembros deberá corrresponder al presidente. Si cada Estado de la UE nombrara a un miembro, sólo se estaría convocando una conferencia europea previa a la verdadera conferencia europea, lo cual resultaría una estrategia poco prometedora, pues no sólo constituiría una duplicación institucional, sino también una repetición del contenido de las posiciones nacionales ya conocidas.

Sobre esta base, la creación de un consejo independiente tiene mucho sentido. En las precisas circunstancias actuales es más necesario alcanzar compromisos fuera que dentro de las instancias establecidas. E incluso aunque los jefes de Estado y de Gobierno no pudieran adoptar todas las propuestas de dicho consejo en el marco de la próxima Conferencia de Gobierno, es de suponer que un grupo así aportaría ideas innovadoras. Si dependiera de la voluntad de algunos diputados del Parlamento Europeo, las conferencias europeas serían cosa del pasado, y en su lugar, un Consejo de Sabios independiente presentaría sus propuestas de reformas directamente al Parlamento. Pero ello significaría una modificación del Tratado, para la cual, hoy por hoy, no puede conseguirse mayoría alguna.

Naturalmente, habrá que contar con voces críticas que pongan en tela de juicio la legitimidad democrática del Consejo de Sabios. Este debate ya surgió con la creación de un consejo de sabios para investigar las acusaciones de fraude, mala gestión y favoritismo contra la Comisión Europea. Las críticas enmudecieron rápidamente después de que el grupo consiguiera concluir sus investigaciones con éxito en el corto plazo de seis semanas.

La presión reformista crece y no se vislumbra ningún compromiso firme. ¿Qué pueden perder los jefes de Estado y de Gobierno nombrando un Consejo de Sabios que destaque por su independencia personal y su competencia objetiva?