Un tribunal deja en libertad a una presa preventiva para que pueda cuidar a sus hijos

"Razones de humanidad". Ése es el argumento que emplea la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona en un auto por el que decreta la libertad provisional bajo fianza de Liliana G. A., para que pueda cuidar de sus dos hijos. La mujer llevaba un año y medio en prisión preventiva, acusada de tráfico de drogas, pero en ese tiempo su marido sufrió un accidente de tráfico por el que quedó parapléjico, lo que le impidió seguir atendiendo a los niños.

Liliana G. A. y su madre, de nacionalidad venezolana, fueron detenidas en Barcelona el 16 de octubre de 1997, cuando acudieron a la habitación de un hotel a recoger una partida de cocaína. Allí les esperaban cuatro agentes de la Guardia Civil escondidos en el armario y el lavabo. Horas antes, los dos correos de la banda habían sido descubiertos en el aeropuerto de El Prat con tres garrafas de cartón cada uno de ellos en las que se escondían más de 21 kilogramos de cocaína. Los detenidos se ofrecieron a colaborar con la Guardia Civil y a continuar con los trámites para entregar la droga, que fue sustituida por una sustancia inocua. Fue así como acabaron detenidos Liliana G. A., su madre y los otros dos integrantes de la banda, quienes desde entonces permanecían en prisión a la espera de juicio acusados de tráfico de drogas y receptación (venta de objetos robados). La Audiencia de Barcelona explica en su resolución que no han cambiado los motivos judiciales que motivaron la resolución del juzgado de instrucción, pero asegura que lo que sí es diferente es "la situación familiar" de Liliana G. A. En este sentido, explica que su esposo, Raúl Humberto R., ha sufrido en este tiempo un accidente de circulación y que el tribunal ha podido comprobar que se encuentra ingresado en el hospital de parapléjicos de Toledo. La defensa esgrimió este hecho ante el tribunal para solicitar la libertad y recordó que nadie se podía hacer cargo de los dos niños menores de la pareja. El fiscal se opuso al encarcelamiento, pero la sala ha considerado que, "por razones de humanidad", debe modificarse la situación de la mujer, aunque como medida cautelar le impone el pago de una fianza de dos millones y medio de pesetas, que ya han sido abonados, y que comparezca ante ese tribunal cuantas veces sea citada.