El PP asume que el modelo de financiación de Canal 9 es insostenible

El programa electoral del Partido Popular sobre la televisión pública valenciana advierte de que el modelo vigente de financiación de Canal 9, que se nutre de los presupuestos de la Generalitat y de la venta de publicidad, es insostenible en un mercado audiovisual donde la competencia es feroz. El PP sugiere instaurar un modelo de gestión compartida en el que se cedería un alto porcentaje a operadores privados.

El programa electoral del PP sostiene que la televisión pública valenciana debe servir sus objetivos fundacionales: la vertebración de la Comunidad Valenciana, a través de la difusión de informaciones relativas al territorio, y la promoción del valenciano. Sin embargo, los populares alertan sobre la creciente complejidad del mercado audiovisual, los costes que llevan aparejadas las nuevas tecnologías y las necesarias inversiones en infraestructuras para poder competir con dignidad. Fuentes del PP explican que en los últimos seis años la revolución de las tecnologías audiovisuales -la generalización del uso del cable o las nuevas emisiones de carácter digital- han disparado las subvenciones de la Generalitat para mantener el servicio. De hecho, el propio director general de RTVV, José Vicente Villaescusa aludió ayer al importante esfuerzo que está haciendo el ente público para no perder el tren de las nuevas tecnologías. Villaescusa reiteró que RTVV pugna por modernizar sus servicios en varias áreas: el mundo de la televisión digital -con la presencia de Canal 9 en Vía Digital-, los servicios ofrecidos a través de la pantalla -con la notable mejora del teletexto de Televisió Valenciana- e incluso con la presencia de la empresa pública en internet. El documento electoral de los populares y las dudas que plantea sobre la financiación del servicio contradice abiertamente a Villaescusa, quien negó, en respuesta a las críticas vertidas por los socialistas, la existencia de déficit en Canal 9. [Antonio Asunción, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, cifró ayer el déficit de Canal 9 en 100.000 millones de pesetas] A pesar de todo, Villaescusa justificó las cuentas de RTVV recordando las inversiones del ente en la renovación tecnológica y el carácter de servicio público de Canal 9. "Canal Sur o TV3 superan nuestro presupuesto, que ha crecido por la importancia de seguir ofreciendo películas de calidad, mantener la retransmisión de partidos de fútbol o impulsar la existencia de una industria audiovisual valenciana". En ese sentido, subrayó la importancia que ha tenido la creación del segundo canal de RTVV, Punt 2, "que ha doblado la producción propia". El programa electoral explica que la prestación del servicio público se complica debido a las crecientes exigencias de los responsables de velar por la libre competencia en el ámbito de la Unión Europea, que cuestionan la inyección de capital público en determinados proyectos audiovisuales impulsados por las administraciones. Las directivas de Bruselas lesionan en general a las televisiones públicas, pero sobre todo a los canales regionales, cuya capacidad para competir está restringida por su ámbito territorial. El PP sugiere compatibilizar el interés público con la capacidad para competir y propone abrir las puertas a la financiación privada. La fórmula genérica consiste en compartir la gestión, en un alto porcentaje, con operadores privados. La propuesta electoral defiende también la creación de una comisión encargada de la venta de todas las producciones propias de la televisión pública sin someterse a las actuales exigencias de la FORTA. Fuentes del PP niegan rotundamente que se persiga la privatización directa de Canal 9 y aseguran que la televisión valenciana seguirá siendo de titularidad pública, sometida a control público y a la fiscalización de las Cortes Valencianas. Al margen de cuestiones financieras, el programa del PP apuesta también por abrir un debate político para establecer un mecanismo de control que ponga fin a los debates sobre la objetividad de las informaciones que difunde la televisión pública. Los populares se atribuyen grandes avances en esa dirección durante la presente legislatura y citan como ejemplo la aprobación de un Estatuto de la Redacción que ampara a los profesionales de la televisión pública. Pero insisten en la necesidad de establecer criterios definitivos de objetividad que obliguen por igual a los responsables de futuros gobiernos regionales.