Pendientes de Bruselas

Europa ha sido de nuevo la gran estrella de la última legislatura canaria. No podía ser de otra forma en un archipiélago que tiene en Bruselas la capital de sus preocupaciones. De ahí, que no sea gratuito que comisarios europeos como Van Miert o Monti tengan tanta presencia en la prensa local como los propios consejeros del Gobierno o que en los discursos de investidura de los diferentes presidentes de la comunidad los asuntos europeos ocupen siempre un lugar preferente.Canarias nunca deja, en efecto, de mirar a la Unión Europea (UE) porque es imprescindible hacerlo. Así lo advierte constantemente el presidente de los productores del plátano, Leopoldo Cólogan: "Si en Estrasburgo bajamos la guardia un minuto, retrocedemos varios años". La pugna reciente entre la UE y Estados Unidos, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Común del Mercado (OCM) de fondo, confirman los miedos apuntados por Cólogan.

La vocación europea de las islas viene de lejos y tiene su lectura en la defensa que hacen ante Bruselas de sus particularidades económicas y fiscales. Una batalla que el ímpetu armonizador de las autoridades de la UE y la inminente entrada en ella de los países del Este han convertido en una misión casi imposible en el último periodo.

En estos cuatro años, los comisarios han tenido a los canarios con el corazón en un puño. Algunos pulsos se han ganado y otros no parecen terminar nunca. Ha sido la atención que el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam presta a las regiones ultraperiféricas, reconociendo la oportunidad de otorgarles un tratamiento diferenciado por su lejanía, el momento más celebrado por las fuerzas políticas isleñas. Bautizado aquí como el Estatuto Permanente, el 299.2 constituye la percha jurídica que le queda a Canarias para salvar su diferencial fiscal y mantener el nivel de ayudas que, apoyadas en fondos europeos, ha venido disfrutando.

Sin embargo, no todo son alegrías. Las dudas que genera el mantenimiento en el tiempo de esos respaldos -en principio, no hay garantías de que se prolonguen más allá del año 2006- y el empeño de las autoridades de la UE por vincular su nivel a la renta y no a la condición ultraperiférica del archipiélago ha supuesto que, siendo una la botella, el Gobierno, como suele ocurrir, la vea medio llena y la oposición medio vacía.

Por lo pronto, las islas se mantienen por debajo del 75% de la renta media comunitaria y conservan así su posición entre las regiones merecedoras del máximo nivel de ayudas. Pero "la alegría de ser pobres", tal y como ironizan el PSOE y los demás contrarios al Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), acabará en breve como consecuencia del crecimiento que experimenta la economía insular.

Pendientes todavía de conocer el final de la complejísima negociación de la Zona Especial Canaria -instrumento con el que se pretende atraer capitales ofertando importantes ventajas fiscales- y en mitad de una polémica sobre la utilidad que ha de darse a la Reserva para Inversiones (RIC) contenida en el Régimen Económico y Fiscal (REF), la legislatura que ahora acaba ha estado presidida por la estabilidad gubernamental pese a que los nacionalistas y los populares apenas han podido disimular sus duras relaciones políticas e incluso personales.

La certeza de que pugnan por un electorado con un perfil muy similar ha condenado a ambos grupos a someterse a un marcaje que, en determinados momentos, ha dejado a los socialistas sin sitio en la oposición. "La oposición al Gobierno se la hacen los mismos socios que lo forman", han dicho en incontables ocasiones diversos dirigentes del PSOE.

Y es que sólo la obligación de mantener los acuerdos de Madrid con el Ejecutivo de José María Aznar ha permitido a CC y al PP llegar hasta el final sin caer en la ruptura, algo que, atendiendo a las tensiones vividas, constituye todo un logro en un periodo que será recordado, entre otros asuntos, por la aprobación en 1996 de una reforma del Estatuto de Autonomía que concede a la comunidad mayor capacidad de autogobierno y modifica además un sistema electoral que ahora prima a las fuerzas mayoritarias en detrimento de las que tan sólo tienen implantación insular.

Asimismo, han de tenerse en cuenta los numerosos cambios que las crisis de los populares causaron en las consejerías que ocupan, de tal forma que la estabilidad ha sido más un efecto óptico que una realidad.

Temas como el bloqueo de la televisión autonómica por el Ministerio de Fomento, las discrepancias sobre el modelo de la Policía regional, las denuncias sobre presuntas irregularidades en el reparto de los fondos del Plan de Empleo o la frustrada compra por parte del Gobierno de un inmueble madrileño valorado en 1.000 millones de pesetas -una adquisición que el PP desactivó alimentado las sospechas respecto a las corruptelas- pusieron contra las cuerdas al Ejecutivo que preside Manuel Hermoso.

Finalmente, todos los problemas y los roces fueron solventados, pero dejaron tantas cicatrices que el diálogo entre ambas fuerzas es ahora casi inexistente.

Por añadidura, capítulos como el proceso de transferencias a los cabildos -que ha multiplicado la capacidad presupuestaria de los gobiernos insulares- o la Ley de Ordenación del Territorio han quedado eclipsados por el caso Bango, abierto a raíz de las amenazas y agresiones sufridas por una abogada del PP cuando investigaba posibles irregularidades urbanísticas en un municipio tinerfeño y por las constantes disputas entre las formaciones que apoyan a un Gobierno que no ha podido escapar de las garras del pleito endémico que constituye la rivalidad entre Tenerife y Gran Canaria.

Una disputa vecinal que sube de tono siempre que se acerca la cita con las urnas. No es extraño, pues, que en estos días uno de los principales argumentos que se esgrimen en la campaña electoral se refiera a las críticas cruzadas sobre hipotéticos desequilibrios presupuestarios a favor de una u otra isla.