El nivel de vida, indicativo fundamental
"Es injusto. Con mi sueldo mensual de 180.000 pesetas no me alcanza para pagar un abogado", asegura enfadado un hombre de mediana edad. Le acaban de comunicar que su solicitud de justicia gratuita ha sido denegada. En los Servicios de Orientación Jurídica se dan muchos casos como éste. Los solicitantes reconocen que tienen un sueldo relativamente alto, pero aducen que los muchos gastos que acumulan les impiden contratar a un letrado. Los plazos del piso o del coche y la pensión de los divorciados a sus hijos son los argumentos más frecuentes. Una comisión se encarga de revisar cada expediente. La integran el fiscal jefe de la Audiencia correspondiente, el decano del Colegio de Abogados, el mismo cargo del Colegio de Procuradores, un letrado y un funcionario de categoria A de cualquier administración. Además cabe recurso ante el juez del caso. Son tres los datos que condicionan la decisión. Los ingresos no pueden ser superiores a 1.939.560 pesetas brutas anuales para la unidad familiar, pero se tienen en cuenta las circustancias especiales de quien lo solicita, así como "los indicativos externos de nivel de vida", según recoge la ley. "No es la primera vez que solicita justicia gratuita una persona que está en el paro, pero vive en un magnífico piso en el centro de Bilbao, tiene un coche de alto nivel y viste con ropa cara", asegura un letrado. La decisión es difícil en estos casos. De los 6.667 expedientes revisados el año pasado en todo el País Vasco, 1.255 fueron denegados, de ellos, 109 casos se consideraron insostenibles, es decir, que el asunto de fondo no tenía ninguna posiblidad de prosperar. Otros 1.467 se archivaron; 3.792 fueron favorables, y 153 casos de mujeres en trámite de separación, sin bienes propios, aunque los tuviera su marido, recibieron justicia gratuita, condicionada a que tras la disolución del matrimonio no recibieran ingresos. De los contrario deberían abonar los gastos del abogado.
