Malestar en el Gobierno por la decisión del Tribunal Constitucional de anular la sentencia a la Mesa de HB

La decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional de anular la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los 23 dirigentes de la Mesa Nacional de HB ha causado irritación en el Gobierno que preside José María Aznar. Tras la reunión del Consejo de ayer, su portavoz, Josep Piqué, solicitó a los tribunales "contundencia, firmeza y coherencia en la aplicación de la ley" y suscribió la posición que sostuvo Aznar ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó a la dirección de HB a finales de 1997: "Que se cumpla la ley con todas las consecuencias y se determinen en derecho las consecuencias legales que esperan los españoles de ese juicio".El 29 de noviembre de 1997, dicha sala condenó a cada uno de los 23 dirigentes de HB a siete años de prisión por la emisión de un vídeo de ETA en la campaña electoral de marzo de 1996. En la cinta, la banda exponía su llamada "alternativa democrática" para la pacificación de Euskadi. La sentencia condenatoria del Supremo fue muy bien acogida por el Gobierno y los principales partidos.

El portavoz del Ejecutivo insistió ayer en la doctrina oficial, según la cual el Gobierno no comenta ni las sentencias de los tribunales ni los procedimientos. Sin embargo, Piqué salió de su mutismo cuando se le recordó que en julio de 1997, pocos días después de las movilizaciones masivas en contra del asesinato a manos de ETA del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco, Aznar hizo un claro pronunciamiento a favor de una "sentencia contundente".

En esa fecha, tras una entrevista con la corporación municipal de Ermua (Vizcaya), Aznar expresó a los magistrados del Tribunal Supremo su confianza en que "se determinen en derecho las consecuencias legales que esperan los españoles". "Todos los ciudadanos van a saber que la ley se cumple", dijo Aznar al alcalde y los ediles de Ermua.

Contundencia

El portavoz del Gobierno agregó ayer que la posición del Ejecutivo, hoy, es "reiterable y coherente" con aquella declaración de Aznar. Piqué reclamó a los tribunales "contundencia, coherencia y firmeza" en la aplicación de la ley, pero negó que el Gobierno haya presionado al Tribunal Constitucional, en respuesta a la denuncia del portavoz de HB, Joseba Permach.

La actitud de "firmeza" del Gobierno en julio de 1997 estaba motivada por una estrategia política de aislamiento de HB y de "respuesta con una sentencia ejemplar a la demanda de justicia expresada en la calle". El portavoz del Gobierno no quiso ayer entrar en "futuribles" sobre las consecuencias que la sentencia del Constitucional pueda tener sobre el proceso de paz.

No obstante, Piqué reiteró ayer sus "serias dudas" sobre la convicción de ETA y HB de avanzar en el proceso de paz. Recordó que el cese de la violencia callejera es aún muy reciente y la "provocación que supone introducir en las listas de EH a presuntos asesinos de ETA". El portavoz aseguró que el Gobierno mantendrá su política de "firmeza" -también en materia penitenciaria- mientras no haya "nuevos avances" por parte de ETA en la dirección del cese definitivo de la violencia.