Una sociedad especializada en generar comisiones
Desde que la contabilidad de Aciesa llamó la atención de la justicia, en diciembre de 1994, cuando el juez que instruía el caso Grand Tibidabo, Joaquín Aguirre, ordenó el registro de su sede social, nadie ha querido asumir la propiedad de la empresa. Tanto Javier de la Rosa como el abogado Juan José Folchi se han imputado de forma cruzada la paternidad de sus operaciones.En cualquier caso, las fuentes judiciales consultadas han señalado que era imposible que Aciesa facturase tantos miles de millones a Torras sin autorización del propio De la Rosa.
Aciesa también fue utilizada para ocultar las pérdidas de Torras. La empresa comisionista compraba acciones de Torras a precios superiores a los de mercado, con lo que esta última sociedad podía declarar beneficios, aunque fueran ficticios, y Aciesa afloraba las pérdidas. Sólo en 1989, los números rojos declarados fueron de más de 8.500 millones de pesetas.
Ventas a la Generalitat
Posteriormente, las pérdidas asumidas por Aciesa -gracias a que Hacienda no exige el pago de impuestos sobre beneficios hasta que éstos no superan los números rojos acumulados en años anteriores- eran una lavadora para otras empresas no relacionadas con Torras.
El mecanismo consistía en realizar ventas, especialmente inmobiliarias, a través de Aciesa. Ésta era la que declaraba los beneficios, pero, gracias al crédito fiscal, no pagaba impuestos. Así, intervino y generó comisiones en la venta de varios edificios a la Generalitat catalana.
La primera de estas operaciones conocidas fue la venta de la sede del Consorcio Nacional del Leasing, antiguo nombre de Grand Tibidabo, para albergar el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. La venta tuvo lugar en 1991 y, por un extraño mecanismo, Aciesa acabó generando 300 millones de pesetas de comisiones, una parte de los cuales fue a parar al diario nacionalista en castellano El Observador, promovido por el ex secretario general de la presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.
Aciesa también vendió un edificio que acabó albergando la sede de los Mossos d"Esquadra de la Generalitat en la ciudad de Barcelona.
Finalmente, también intermedió en la compraventa de unos solares en la zona del Tibidabo de la ciudad de Barcelona para la Universitat Oberta de Catalunya, también dependiente de la Administración autónoma catalana.
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