El Gobierno renuncia a aprobar la ley sobre control judicial del Cesid en esta legislatura

La ley que debe regular el control judicial de las actividades del Cesid no se aprobará en esta legislatura, a pesar de que la sentencia de la Audiencia de Madrid que condena al teniente general Emilio Alonso Manglano, al ex coronel Juan Alberto Perote y a otros cinco agentes por las escuchas ilegales del servicio secreto ha puesto de manifiesto su necesidad. El Gobierno y el Grupo Socialista, que negocian desde hace meses sobre este proyecto, han llegado a la conclusión de que está "muy verde" y no hay tiempo para aprobarlo antes de las próximas elecciones generales.

El descubrimiento del espionaje del Cesid a la sede de HB en Vitoria, en marzo del año pasado, llevó al ministro de Defensa, Eduardo Serra, a impulsar un proyecto que regulase el control administrativo, parlamentario y judicial de las actividades del centro de inteligencia. Se trataba de una versión limitada de la reforma de la ley de Secretos Oficiales y de la ley del Cesid, que el PP llevaba en su programa electoral y aparcó a los pocos meses de gobierno.Las conversaciones de Serra con los grupos parlamentarios se vieron interrumpidas, primero, por la tregua de ETA y, luego, por la guerra de Kosovo. No obstante, Defensa ha mantenido los contactos con el PSOE en busca de un consenso con el grupo mayoritario de la oposición ampliable luego al resto.

La ley, por afectar a derechos fundamentales -como el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio- tiene carácter orgánico y requiere mayoría absoluta del Congreso.

En una reciente reunión, representantes del Gobierno y del Grupo Socialista llegaron a la conclusión de que el proyecto "está muy verde" y no hay tiempo material para aprobarlo antes de las elecciones generales previstas para la primavera del 2000. Se acordó continuar las conversaciones, pero sin prisas, ya que la ley no se tramitará hasta la próxima legislatura.

Máximo consenso

Fuentes de Defensa subrayan la necesidad de alcanzar el máximo consenso, ya que se trata de un "asunto de Estado", y agregan que no tiene sentido remitir la ley a las Cortes si no hay garantías de que será aprobada antes de su disolución. Los socialistas comparten esta idea y agregan que el Gobierno no ha entregado todavía un texto, por lo que la discusión se ha limitado a criterios generales.

Uno de los puntos más delicados es cómo articular el control judicial de las escuchas y registros del Cesid, teniendo en cuenta que, para adecuarse a la Constitución, dicho control no se puede limitar a una mera autorización o a la presencia de un juez que no ejerza como tal.

La sentencia de la Audiencia de Madrid sobre la escuchas del Cesid y, sobre todo, la reacción del secretario general del PP, Javier Arenas, -quien la calificó de "reflejo de la etapa del felipismo en que la corrupción y los escándalos eran diarios"- no facilitan el acuerdo, según los socialistas, aunque demuestre la necesidad de la ley.

Así lo consideró ayer el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, quien dijo a Europa Press que "hay que buscar una solución jurídica para que las actividades de inteligencia del Estado se puedan ejercer en un marco legal". A los agentes del Cesid, como a los paracaidistas, "hay que obligarles a tirarse del avión, pero con el paracaídas puesto", agregó.

Por su parte, el ex vicepresidente Alfonso Guerra, en declaraciones a Antena 3, calificó de "escándaloso" que a Perote, condenado a seis meses de cárcel por las escuchas ilegales, "se le haya absuelto de la utilización ilegal de la información, cuando todo el mundo sabe que ha estado comerciando con ella y utilizándola políticamente".

También el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, tras expresar "respeto" hacia el tribunal, mostró su "discrepancia" con la sentencia, pues a su juicio supone una "tremenda injusticia que se equipare a Manglano con Perote", condenando a ambos a seis meses de cárcel, informa desde París

La Fiscalía de Madrid, que sólo pidió la condena de Perote y cuya actitud fue duramente criticada en la sentencia, presentará recurso ante el Tribunal Supremo, igual que los condenados, por considerar que los miembros del tribunal carecían de "imparcialidad objetiva" por haber resuelto la reapertura del caso en mayo de 1996.