Pujals rechaza que el conflicto del arte sacro acabe en el Constitucional

El consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, afirma que no existen motivos para que el contencioso que enfrenta a las diócesis de Lleida y de Barbastro-Monzón por la propiedad de un centenar de obras de arte depositadas en el Museo Diocesano de Lleida acabe en el Tribunal Constitucional. Pujals considera que la situación está muy clara y que la reclamación aragonesa no tiene ningún fundamento jurídico ni museístico. El consejero presidió ayer el acto de constitución del consorcio institucional que tiene que gestionar el futuro Museo Diocesano y Comarcal de Lleida. En el acto recordó que el Gobierno de la Generalitat, responsable de la conservación del patrimonio artístico en Cataluña, es la única institución que tiene competencias para decidir sobre el destino futuro de las piezas que se conservan en el museo leridano, incluidas recientemente en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán. Pujals aseguró que la colección de arte sacro del Museo Diocesano de Lleida, formada por alrededor de 1.800 piezas, no puede disgregarse, como pretenden las autoridades políticas y eclesiásticas de Aragón al exigir la devolución de diversas obras que supuestamente pertenecieron a las 111 parroquias oscenses que se segregaron hace tres años del obispado de Lleida. "La Generalitat es la única institución que puede autorizar la separación de las piezas cuando éstas integran un conjunto que está catalogado como colección", añadió Pujals. Un decreto firmado por el nuncio del Papa en España, Lajos Kada, obligó al obispo de Lleida, Ramon Malla, a devolver el patrimonio religioso, pero el prelado recurrió ante la Signatura Apostólica, máximo órgano de la jurisdicción eclesiástica. El obispado de Barbastro-Monzón cree que ante el matiz político que ha adquirido el conflicto, el litigio puede acabar en el Tribunal Constitucional, posibilidad que la Generalitat descarta. Pujals anunció que el proyecto constructivo del futuro Museo Diocesano y Comarcal de Lleida estará redactado a finales de este año y que si se cumplen los plazos previstos estará acabado en el año 2002. El coste del edificio será de 1.500 millones de pesetas, cantidad que será financiada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Lleida y la Diputación Provincial.