Dineros autonómicos

EL PRESIDENTE valenciano, Eduardo Zaplana, propuso a finales de abril un nuevo modelo de financiación autonómica que contempla la cesión de los impuestos especiales y de parte del IVA. Zaplana actuaba en coordinación con el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, en una operación que tenía dos objetivos: reaccionar ante el fracaso del nuevo modelo de financiación que pactaron el PP y CiU al inicio de la legislatura y frenar las iniciativas de Pujol, que ya había avanzado sus intenciones en forma de un "pacto fiscal", presentado como un trato diferenciado para Cataluña al estilo del concierto vasco.Los datos de 1997 ahora conocidos confirman que el modelo pactado en 1996 de cesión del 30% del IRPF ha sido un fracaso. Los ridículos intentos del Gobierno de ocultar la liquidación de aquel año no cambiarán los hechos: el actual modelo, presentado por Pujol como un gran avance en la financiación autonómica, ha sido perjudicial especialmente para las comunidades más ricas, incluida Cataluña. De ahí el interés de Zaplana, y también del presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de definir un nuevo modelo, basado en una cesta de impuestos, en vez de la participación en un tributo de recaudación decreciente como el IRPF. Aunque el actual modelo caduca el 2001, con la propuesta aparentemente prematura de Zaplana, el PP se sitúa en posición de un mejor control de la negociación. Aceptando buena parte de las propuestas de Zaplana, el Gobierno puede decir que no acepta las de Pujol, pero sí una parte de sus contenidos. El pacto fiscal que Pujol defiende pretende recaudar todos los impuestos y devolver al Estado sólo un 40% del IRPF y un 50% del IVA y sociedades. La propuesta del presidente valenciano es más moderada, pero además plantea dos discrepancias de fondo: sobre la titularidad de la Agencia Tributaria y sobre el tratamiento diferenciado entre autonomías. Zaplana quiere un modelo igual para todos y se limita a pedir una mayor cooperación con la Agencia Estatal Tributaria, en vez de una agencia autonómica propia.

El PP ha dado un giro en sus posiciones incorporando a su programa autonómico buena parte de estas propuestas, aunque algunos términos contradigan lo que en otros momentos ha sido doctrina oficial. En un proceso de descentralización profunda como el español, adecuar el modelo de financiación a la dinámica de las autonomías debería ser el objetivo común. Tres cautelas deberían presidir el proceso: que el acuerdo se alcance por consenso entre todas las partes, y no únicamente de las fuerzas que garantizan las mayorías parlamentarias al Gobierno, y tenga como marco legal de debate y aprobación el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en vez de reuniones bilaterales entre el Gobierno y sus socios; que se cumpla el principio de que los ciudadanos paguen por su nivel de riqueza y reciban los mismos servicios por igual, independientemente de su lugar de residencia, y, finalmente, que no se cuartee la Agencia Tributaria.