Revocada una sentencia de condena al Estado por el crimen de un recluso

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha revocado parcialmente una sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar 20 millones de pesetas a los familiares de un preso que fue asesinado por otro en la prisión de Carabanchel el 7 de marzo de 1997. El tribunal establece que sólo se podría decretar la responsabilidad del Estado si hubiese resultado incriminado algún funcionario. Y precisa que en el supuesto contrario, las víctimas deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar una eventual indemnización.El preso José Francisco Valle Molina asestó aquel día una cuchillada en el pecho, con una especie de pincho afilado, a su compañero de prisión Juan Antonio Fernández Flores, de 26 años, casado y padre de una hija.

Hasta ahora, los tribunales madrileños solían decretar, en estos casos, la responsabilidad del Estado. Los jueces sostenían mayoritariamente que, al estar privados de libertad los presos y en un establecimiento público, la Administración estaba obligada a velar por su integridad física. La sentencia dictada en marzo con el voto en contra de uno de los tres magistrados de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior ha variado ese criterio.