Cádiz recurre ante el Supremo la prórroga del peaje de la A-4

La Diputación de Cádiz, regida por el PSOE, ha presentado recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que pide la nulidad del decreto del Ministerio de Fomento que autoriza la prórroga en 13 años del peaje de la Autopista A-4 (Sevilla-Cádiz) a la firma Aumar a cambio de rebajar tarifas. La prórroga permite que la única autopista de pago de Andalucía sea gestionada por manos privadas hasta final del 2019, cinco meses más del límite legal de 50 años establecido cuando se concedió la explotación.

La conclusión que extrae la Diputación de los documentos aportados por los organismos del Estado es que el Ejecutivo se ha saltado la ley para beneficiar a Aumar: no existen los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda; la Diputación no tuvo trámite de audiencia, como establece la Ley de Procedimiento Administrativo; se prorroga la concesión a cambio de una rebaja de tarifas y por más de 50 años en total (cinco meses más), en contradicción con lo establecido en el concurso y, además, se rompe el equilibrio económico-financiero de la concesión, lo que "provoca un enriquecimiento injustificado de la concesionaria".Éstos son los argumentos incluidos en el recurso, pero la letrada Teresa Agudo ha encontrado otros que han conducido a la Diputación a estudiar si inicia acciones penales: la memoria elaborada por el Ministerio de Fomento previa a la aprobación del decreto asume proyecciones sobre los tráficos en la A-4, que "se quedan excesiva y deliberadamente cortos", pues no calculan un mayor uso de la vía a partir de que se rebajan las tarifas.

Incremento de beneficios

A la vez, se estima que el incremento de los beneficios rondará el 7%. Sólo en el primer trimestre de este año, las ganancias han subido un 38%. Y existe otro dato que ha llamado la atención: el sello de la fecha de salida del Ministerio de Economía informando sobre el proyecto de decreto está manipulado a mano y la ampliación del expediente solicitada a Fomento consiste en un folio "sin membrete, sin sello, sin firma de persona que lo suscriba", según Agudo, que lo califica de "falso".

Rafael Román (PSOE), presidente de la Diputación gaditana, se empleó a fondo: "Es un conjunto de arbitrariedades y con un sesgo en la actuación de la Administración pública que nos hace entender que es un verdadero escándalo político y económico por parte del Ministerio de Fomento". Y añadió: "Consideramos otras actuaciones para aquellos casos en que se huela que hay una cierta posibilidad de irregularidades palmarias en contra de los ciudadanos".

La Diputación se detiene en "la celeridad, llevada hasta sus últimas consecuencias", con la que se superaron los trámites necesarios para aprobar el decreto. Fomento redactó el proyecto de real decreto el 29 de octubre de 1997. Ese mismo día, Aumar dio su conformidad al contenido, al igual que el Servicio Jurídico del Estado y la Secretaría General Técnica de Fomento. Al día siguiente, Economía informó favorablemente con una "sucinta" frase. Un día después lo aprobaba el Consejo de Ministros. "Será difícil encontrar en la historia del procedimiento administrativo un caso similar", dice la abogada.