El TSJ suspende de forma cautelar la consolidación del grado para los funcionarios nombrados a dedo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado la suspensión cautelar de los puntos del decreto de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a la Generalitat que permitían consolidar el grado personal -un complemento salarial- a los funcionarios en comisión de servicio a partir de un recurso planteado por Comisiones Obreras. El decreto de provisión de puestos de trabajo fue pactado con los sindicatos en junio de 1998. Pero su redacción fue modificada posteriormente por el Consell de forma unilateral, invocando una recomendación del Consell Jurídic Consultiu. La modificación establecía que "el tiempo prestado en comisión de servicio o en adscripción provisional será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado". El auto del TSJ justifica la suspensión cautelar porque aprecia "una aparente vulneración de preceptos de carácter básico de la legislación del Estado en materia de función pública, tendentes a garantizar la objetividad de la carrera administrativa, basada exclusivamente en los principios de mérito, capacidad y la neutralidad política de los funcionarios públicos" en los artículos recurridos. Fuentes de CCOO recuerdan que, en su día, advirtieron que las consideraciones del CJC no aludían en absoluto a la consolidación del grado para los funcionarios en comsión de servicio y afirman que es "muy grave" vulnerar la legislación básica del Estado. El origen del problema procede de la consideración de la comisión de servicios como una forma reglamentaria de provisión de puestos de trabajo en la carrera administrativa a partir de una modificación legal introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el año 1996. Fuentes de la Generalitat consideran que el recurso presentado por CCOO responde a consideraciones electoralistas o a "un fundamentalismo absurdo" y recuerdan que el decreto beneficia a cerca de 2.000 funcionarios. Las mismas fuentes aseguran que se reguló la comisión de servicios como forma reglamentaria de acceso a un puesto de trabajo para afrontar un uso que se había convertido en "habitual" en la administración autonómica y señalan que "el 95%" de los funcionarios que ocupaban un puesto que no les correspondía por concurso fueron nombrados a dedo por los anteriores responsables socialistas de la administración autonómica. También afirman que cuando se haya logrado reducir la precariedad entre los funcionarios, que debe reducirse en un 75% en el plazo de tres años, la comisión de servicio volverá a considerarse como una forma excepcional de provisión de puestos.