El Gobierno reformará la Ley del Constitucional para frenar los recursos

La avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional por conflictos entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha empujado al Ejecutivo a reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el fin de recortarlos. Al anunciarlo ayer, el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, propuso como obligado el trámite de la conciliación antes de acudir al tribunal. El PSOE ve "positiva" dicha medida, pero la cree consecuencia de "la errónea política del Gobierno respecto a la financiación autonómica".

El Tribunal Constitucional soporta una enorme carga de contenciosos entre el Gobierno y las comunidades, según admitió ayer el ministro de Administraciones Públicas en una conferencia pronunciada en Madrid.Ángel Acebes comparó la desproporción entre el número de estos casos en un país descentralizado, como Alemania, y los que se producen en España. Así, en la década de los 80 -que coincide con el inicio del Estado de las autonomías-, se plantearon 749 controversias entre el Estado y las comunidades. Por contra, en Alemania, durante los primeros 27 años de funcionamiento del Tribunal Constitucional, apenas se presentaron 43.

En estos momentos, el número de asuntos pendientes de sentencia por parte del Constitucional por estos motivos es de 176. En 1994 y 1995 el número de los conflictos autonómicos descendió de manera vertiginosa, pero desde 1996 hasta hoy, con la llegada del PP al poder y la aprobación del nuevo y polémico sistema de financiación, que provocó el rechazo de las tres comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura-, la conflictividad experimentó un nuevo incremento, con 30 contenciosos sólo como consecuencia del modelo de financiación.

Ante este cuadro político, el Gobierno anunció ayer la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Acebes manifestó que "una de las singularidades del modelo español, respecto a los europeos, ha sido la tendencia a solventar en sede constitucional las controversias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas".

El ministro citó, entre las consecuencias negativas más importantes de este sistema, la "inevitable dilación del procedimiento constitucional, que aumenta al incrementarse la carga de trabajo que soporta el Alto Tribunal". También recordó que "la dilación lleva emparejada en muchos casos la paralización de la cuestión sujeta a la decisión del tribunal, especialmente en los supuestos en que se acuerda la suspensión de la norma o el precepto impugnado". Y, por último, recalcó que esta situación "no favorece el clima adecuado de lealtad y colaboración institucional".

La conclusión del Gobierno es que este "alto índice de conflictividad" hace "imprescindible" plantearse "fórmulas alternativas". Acebes apuntó que éstas consistirán en la constitución de comisiones mixtas, entre el Gobierno central y las comunidades, al apostar por "mecanismos de solución extraprocesal que, por la vía del diálogo, eviten la constante apelación a la función arbitral e interpretativa del alto tribunal".

Precisó que, en los conflictos de competencia, la propia ley del Constitucional prevé un trámite de posible entendimiento, como el "requerimiento previo", para resolver las diferencias sin acudir al Alto Tribunal. Admitió, sin embargo, que esta fórmula no es aplicable en el caso de las disposiciones con rango de ley, susceptibles de verse sometidas al recurso de inconstitucionalidad. De ahí que el Gobierno haya apostado de forma decidida por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y que "en breve" pueda iniciarse su tramitación.

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, valoró "positivamente" la iniciativa del Gobierno, pero cree que "es una consecuencia del aumento de las conflictividad que soporta el Ejecutivo por su política equivocada en materia de financiación autonómica".

Un experto jurídico, próximo al Alto Tribunal, interpretó ayer que con esta iniciativa el Gobierno "busca una salida ante la acumulación de conflictos por el nuevo sistema de financiación autonómica". Con ello, añadió, consigue retrasar los contenciosos y logra además un mayor control político de la situación.