El Ayuntamiento de Tarragona quiere cobrar a las empresas petroquímicas el tipo máximo del IAE

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona acordó ayer realizar un estudio sobre las necesidades y las carencias de servicios del polígono petroquímico para, una vez resueltas, poder situar a sus empresas dentro de la primera categoría del cobro del impuesto de actividades económicas (IAE). Pese a que el consistorio aduce que el pago representa un gasto irrisorio para los beneficios de las empresas, el acuerdo se adopta después de la polémica desatada en la ciudad por la pérdida de una inversión de 20.000 millones de pesetas por parte de Basf y en la que el alcalde, Joan Miquel Nadal, exigió que el Gobierno se plantee reducciones fiscales para estas empresas. El acuerdo del consistorio llega después de que trascendiera que ocho empresas del polígono recurrieron la decisión municipal de incrementar el pago del IAE y aumentar, por lo tanto, su categoría. El recurso de las empresas, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no ha comportado el impago de las mismas. En 1998, ascendió a 223 millones de pesetas. El aumento de categoría se basa, según el equipo de gobierno, en un acuerdo que se alcanzó de forma verbal en 1990, después de que las químicas ganaran el recurso interpuesto contra la decisión del Ayuntamiento de aplicarles la categoría máxima de IAE. El acuerdo establecía el paso de la cuarta a la segunda categoría al cabo de cuatro años. El recurso interpuesto, y en el que el consistorio acordó personarse el pasado mes de abril, ha motivado la reacción municipal. El teniente de alcalde de Hacienda, Ángel Fernández, definió ayer como "sorprendente" la actitud de las ocho empresas químicas (Basf, Dow Chemical, Erkimia y Repsol, entre ellas), dado que el importe del impuesto tiene una incidencia mínima en sus beneficios. Fernández, quien afirmó ayer que el IAE es una tasa de reducida capacidad, destacó que habría que tener en cuenta las facilidades que el Ayuntamiento presta a las empresas para sus ampliaciones en la zona. El consistorio estudiará ahora las operaciones a realizar en el polígono para dotarlo de todos los servicios necesarios que posibiliten el cobro a las empresas de la máxima categoría de IAE, que, en Tarragona, pagan, por ejemplo, los negocios instalados en las calles del centro de la ciudad. La decisión municipal se produce después de que el alcalde de la ciudad, Joan Miquel Nadal (CiU), hiciera una ardiente defensa de la necesidad de que el Gobierno aplique a las empresas químicas políticas de reducción fiscal y de ayuda a la inversión.