Tres antimilitaristas que atacaron un cuartel sólo querían "armar revuelo"

"Armar revuelo" y "montar algo de espectáculo" para protestar contra los fundamentos de la sociedad burguesa y capitalista le puede costar hasta 12 años de prisión a tres jóvenes que, el 18 de julio de 1996, aprovechando el aniversario del alzamiento contra la república, arrojaron tres "cócteles molotov" contra un cuartel del ejército en Valencia. El fiscal les acusa de un delito de estragos.

Los acusados, tres varones de creencias libertarias y pacifistas que no militaban en ningún colectivo organizado, elaboraron los artefactos explosivos con la intención de arrojarlos contra una cafetería de lujo -símbolo de la burguesía-, un templo -encarnación física de la iglesia- o un acuartelamiento, representación del ejército. Pero nunca tuvieron la intención "de causar daños personales o materiales", según declararon ayer en el juicio celebrado contra ellos en la Audiencia de Valencia. Es más, aunque tenían la intención de reivindicar su "acción" bajo el nombre inventado de alguna organización radical, su único objetivo era llamar la atención: "Sólo queríamos que saliera en el periódico", dijeron. De hecho, desistieron de diversificar sus objetivos para, hacia las 4.15 horas, lanzar los cócteles molotov contra el cuartel del ejército en el Paseo de la Alameda de Valencia. "Lo elegimos porque desde fuera, a través de la valla, vimos que había una explanada desierta". Los artefactos únicamente dañaron un árbol, ya regenerado, aunque podrían haber provocado la explosición de la gasolinera ubicada en el recinto castrense de no mediar la rápida reacción de dos soldados, que sofocaron en unos segundos el pequeño incendio ocasionado. Por ello, la fiscalía solicitó para los tres acusados, Javier R. V.; Rafael T. G. y Jaime N. G., penas que oscilan entre los ocho y los 12 años de prisión. El ministerio público les imputa un delito de estragos en grado de tentativa. Idéntica petición realizó al final de la vista el abogado del estado. Ambos solicitaron al tribunal, en caso de que los magistrados entiendan que ese delito no fue cometido, tres años de prisión por tenencia de explosivos, aunque entienden que la intención del ataque fue "destruir el acuartelamiento". Los abogados de la defensa solicitaron la absolución de los procesados, tres jóvenes que por aquel entonces frecuentaban el kasal popular, una casa rehabilitada en la que jóvenes okupas, antimilitaristas o ecologistas realizaban actitividades culturales de todo tipo. Esa era la única filiación de los acusados, que fueron conducidos hasta la Audiencia Nacional por la policía ante la posibilidad de que formaran parte de alguna organización terrorista. La hipótesis fue descartada y, ayer, los acusados volvieron a insistir en la inocencia e improvisación de su acto. Únicamente pretendían "llamar la atención sin hacer daño a nadie", aseguró Javier R. V.. Aquel día, el 18 de julio, "por lo poco que sé de historia, sabía que 60 años antes el Ejército había cometido asesinatos", declaró.