Estado común

VICENT FRANCH Precisamente cuando se abre la carrera para las tres citas electorales del 13 de junio, y adelantándose a los tres tenores de turno, o a los barítonos sustitutos o a los bajos por estrenar, el ex presidente del Gobierno González, marca las pautas de su ausencia de modelo para resolver los problemas que presenta la demanda de una segunda transición esgrimida con insistencia por los nacionalismos vasco y catalán para superar el modelo dual de dependencia/chantaje en el que han de moverse y que tantas energías resta a la democracia española y a las propias de Euskadi y Cataluña. A ese propósito cobra mayor entidad el planteamiento esgrimido recientemente por Miguel Herrero de Miñón en el libro Derechos Históricos y Constitución, cuando expone la disyuntiva entre mantener un modelo siempre en construcción, basado en la resistencia de los Gobiernos de España hacia las demandas de los nacionalismos vasco y catalán (al que suma el gallego) o bien, acceder a uno nuevo donde el Estado español pasaría de ser el tutor y vigilante de una soberanía única a configurarse como Estado común plurinacional mediante la asunción de la tesis de los Fragmentos de Estado (que teorizó Jellinek en el siglo pasado), que constituyen las naciones de Cataluña, Euskadi y Galicia. Porque las acusaciones de González hacia los nacionalismos democráticos y hacia el propio PP (por su pasividad frente a ellos) se mueven en el terreno del inmovilismo, un handicap que habrían sufrido también aquellas Comunidades Autónomas gobernadas todavía por el PSOE al comprobar que no importa cuál sea el signo del Gobierno de España, pues perviviendo el modelo de dependencia/chantaje, cuando los votos del partido que gobierna en una comunidad autónoma no son necesarios para sostener al Gobierno estatal, desaparece la capacidad de chantaje, y la dependencia obliga o al silencio o a situaciones de abierta desobediencia, incomunicación o, a provocaciones al hilo de una deficiente clarificación legal de las competencias de unos y de otros. La ausencia de un verdadero modelo superador de ese dato anómalo que es mantener la incertidumbre sobre el destino de la articulación del poder político en el Estado que demandan los nacionalismos con éxito electoral, aboca a hipótesis que podrían constituir verdaderas catástrofes políticas: suponiendo, por ejemplo, que los votos del nacionalismo catalán o del vasco no fueran necesarios para dotar de mayoría solvente a los gobiernos de España, a la dependencia de las comunidades autónomas con gobierno de diferente signo al estatal deberíaunirse una presión mucho más fuerte de los primeros, con el consiguiente riesgo de inestabilidad y crispación políticas. Caminar, pues, hacia un modelo de Estado común y plurinacional no sólo resolvería el delicado asunto de la permanencia armónica y coadyuvante de las naciones históricas en el seno de España sino que ayudaría a fijar un marco definitivamente estable para la articulación de todas las comunidades autónomas en ese futuro Estado. Dádivas sin generosidad, chantajes o dependencias sólo convienen a quienes creen que la Constitución es un dogma, o un evangelio, y no un instrumento al servicio del conjunto de los pueblos de España. El nuevo modelo de financiación que propone Zaplana, el entusiasmo de Pujol con el mismo, los disgustos de González y los plantes de Rodríguez Ibarra, dejarían de tener sentido si había un nuevo pacto constitucional para llegar donde la lógica pide. Vicent.Franch@uv.es