El fiscal anticorrupción pide que sea delito la financiación ilegal de partidos

La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, ha propuesto tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, ya que la legislación actual sólo contempla una sanción de multa nada efectiva ni disuasoria y porque "prácticamente todos" los partidos incumplen la normativa. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, se apresuró ayer a reclamar que no se incite a sospechar del dinero de los partidos.

El informe de Jiménez Villarejo está incorporado a la Memoria anual de la Fiscalía Anticorrupción y expone que el incumplimiento por los partidos de las normas sobre financiación no genera ninguna responsabilidad ya que el procedimiento sancionador no se ha desarrollado reglamentariamente y "resulta imposible precisar cuál es el procedimiento y cuál el órgano sancionador".La ley electoral tampoco contempla ninguna sanción para los partidos que infringen sus obligaciones contables. El fiscal menciona algunos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos que "pone de manifiesto que prácticamente todos incumplen la normativa expresada, sin que ello haya generado hasta el momento ninguna consecuencia en orden a corregir tan flagrante situación".

Jiménez Villarejo cita algunos ejemplos referidos al ejercicio de 1992. En ese año, Convergencia Democrática de Cataluña tenía al menos 29 cuentas corrientes con saldo que no figuran en la contabilidad presentada. En el mismo año, el Tribunal de Cuentas señala que el saldo de la cuenta de "donativos" de Unión Democrática de Cataluña por 61,5 millones de pesetas, "no ha sido explicado ni justificado por el partido". Respecto al PNV, en el capítulo de "ingresos" cabe destacar "la falta de justificación de una partida por importe de 250 millones de pesetas".

Respecto del PSOE, en el capítulo de endeudamiento el Tribunal señala que ciertas entidades de crédito le han condonado los intereses devengados por importe de 68,6 millones de pesetas que se han imputado a la cuenta de "ingresos y beneficios de ejercicios anteriores". "Estaríamos", añade, "ante ingresos de origen desconocido en cuanto no están justificados y un modo evidentemente ilícito de obtención de fondos, como es la condonación de deuda".

También cita las sentencias del caso Filesa y "en menor medida", la del caso Cañellas, que afectan a la financiación ilegal del PSOE y del PP, respectivamente, como ejemplos ilustrativos de "la creciente corrupción en la financiación de los partidos políticos".

En otro apartado del informe, la Fiscalía Anticorrupción reitera que los bancos le siguen negando información que serviría para poner al descubierto la delincuencia económica de gran envergadura y que se oculta bajo operaciones de ingeniería financiera.

Jiménez Villarejo adjunta un informe remitido al Ministerio de Justicia a fin de ilustrar al Gobierno sobre una pregunta parlamentaria de Nueva Izquierda, en el que señala que las entidades financieras no le responden "con la debida diligencia".

Paraísos fiscales

En ocasiones, los bancos alegan que, dada la antigüedad del movimiento, no conservan en sus archivos documento alguno relativo a aquél, lo que hace creer al fiscal que "no facilitan la documentación requerida aún disponiendo de ella". Añade que esas entidades financieras "han obtenido, en ocasiones, grandes beneficios con las operaciones realizadas con este tipo de clientes".El fiscal también destaca que se ha detectado que entidades bancarias españolas "constituyen sociedades en paraísos fiscales o actúan como auténticas sucursales del banco nacional". "Sin embargo", prosigue, "la personificación que se atribuye al establecimiento es esgrimida para no facilitar información relativa a las cuentas bancarias que se sitúan bajo su cobertura".

"Cabe considerar que los clientes de la entidad domiciliada en el paraíso fiscal con determinados clientes del banco nacional, con un perfil patrimonial relevante, y necesitados de conseguir por diversas razones la opacidad de una parte de su patrimonio". El fiscal denuncia también el comportamiento de importantes despachos profesionales que contribuyen al éxito de operaciones de ahorro fiscal ilegal.