El concejal de ERC ratifica su acusación contra Siurana

El concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Ayuntamiento de Lleida, Xavier Sáez, ratificó ayer ante el juez las acusaciones efectuadas la semana pasada contra el alcalde, el socialista Antoni Siurana, relacionadas con el caso de las encuestas electorales encargadas por la concesionaria del servicio de recogida de basuras de la ciudad, Seinsa. El alcalde se querelló contra Sáez por un presunto delito de calumnias. El edil republicano acusó en un primer momento a Siurana de haber utilizado las encuestas para financiar ilegalmente al Partit dels Socialistes (PSC), pero después rebajó el tono de la denuncia y dijo que los sondeos fueron pagados por el consistorio y utilizados exclusivamente por el equipo de gobierno socialista con fines partidistas. Siurana y los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall y Enric Casas se querellaron contra él, al tiempo que la fiscalía de Lleida abrió diligencias para investigar los hechos denunciados. En su comparecencia judicial de ayer, Sáez mantuvo en su globalidad las declaraciones que motivaron la querella de Siurana y que aparecieron publicadas en diversos medios de comunicación. El concejal manifestó que en ningún momento pretendió hacer una tipificación jurídica de los hechos, sino simplemente poner en conocimiento de la opinión pública unas supuestas irregularidades denunciadas también ante la fiscalía. El abogado de Sáez calificó de "pantomima" y "cortina de humo" la presentación de la querella por parte de Siurana y dijo que a éste le interesa que haya un procedimiento abierto contra la persona que ha destapado unos hechos graves para desviar la atención del verdadero problema. "Sáez puede estar muy tranquilo porque no ha calumniado ni ha atentado contra el honor de nadie, sino que se ha limitado a ejercer un control político. El honor está por debajo del interés general", explicó el letrado. El concejal de ERC se mostró confiado en que el proceso sirva para descubrir si el dinero de los ciudadanos ha sido utilizado para pagar encuestas partidistas.