La Fiscalía del TSJA ve indicios de prevaricación en un juez y en el comisario que llevan la quiebra de Isnasa

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, emitió un informe el pasado 4 de mayo sobre el proceso que se sigue por la quiebra de la naviera Isnasa en el que considera que existen indicios de que el comisario de la quiebra, Juan Martín Martín, y el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Algeciras (Cádiz), Juan Ignacio Pérez de Vargas, han cometido presuntos delitos de prevaricación y alzamiento de bienes en perjuicio de los ex trabajadores de la naviera. El informe del fiscal jefe del TSJA responde al auto emitido por el titular del juzgado de lo Social de Algeciras, Manuel Mazuelos, quien en su día presentó un conflicto de competencias respecto al magistrado Pérez de Vargas. El magistrado de lo Social consideraba que se pretendía compensar a la naviera Euroferrys en detrimento de los trabajadores, al convertir en créditos privilegiados unas cantidades económicas que, por la situación de quiebra, deben ir a parar, según el juez de lo Social, a los trabajadores de Isnasa. Una vez que el fiscal ha emitido su informe, ahora tendrá que ser la Sala de lo Penal del Tribunal Superior andaluz la que determine las actuaciones a seguir en relación a este conflicto, que surgió a raíz de la presentación en el juzgado de lo Social de varios escritos de los sindicatos en los que se explicaba la posibilidad de que se estuvieran produciendo irregularidades en el proceso que se sigue por la quiebra de Isnasa. En el informe que ha emitido el fiscal jefe del Tribunal Superior andaluz se subraya que "se han podido burlar legítimos y preferentes derechos de los trabajadores en la ejecución laboral 173/98, y no precisamente en beneficio de la masa de la quiebra, seguida por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Algeciras, lo que incide en la presunta calificación jurídico penal de las actuaciones en el ejercicio del cargo, tanto del titular de este último órgano jurisdiccional como del comisario de la quiebra por posible dictado de resolución judicial firme arbitraria, provocando una situación de insolvencia en perjuicio de los trabajadores".