Camisa de once varas

LA FISCALÍA de la Audiencia Nacional no deja de sorprender. La obstinación de su jefe, el fiscal Eduardo Fungairiño, en seguir oponiéndose, recurso tras recurso, a la extradición de Pinochet a España es insólita; y no lo es menos su inclinación por aliñar sus dictámenes jurídicos con valoraciones políticas que nadie le pide y que constituyen una clara extralimitación de sus funciones de fiscal.En el caso del dictador chileno representó todo un escándalo que la exculpación política de su régimen -una mera "sustitución temporal del orden constitucional", a juicio de Fungairiño- fuera el argumento de fondo esgrimido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en su intento de parar en sus inicios el procedimiento abierto por el juez Garzón a instancias de las víctimas. Y ahora esa mezcla de opinión política y consideraciones jurídicas surge de nuevo en las interpretaciones sobre la tregua de ETA y los supuestos de concesión de medidas de gracia que Fungairiño se permite hacer en la memoria anual de la Fiscalía de la Audiencia.

La convivencia institucional no se fortalece si un representante tan cualificado del ministerio público se acostumbra a entrometerse en asuntos ajenos, sobre todo si son tan delicados como el cese de la violencia terrorista. Las fuerzas políticas, a excepción del PP, se lo han dicho claramente a Fungairiño, aconsejándole que deje de meterse en camisa de once varas.

Los análisis estadísticos, sociológicos y jurídicos sobre la evolución de la delincuencia enriquecen las memorias de la fiscalía, pero corren el riesgo de convertirse en panfletos si sus autores las utilizan para dar rienda suelta a sus particulares ideas -o prejuicios- sobre cómo erradicar el delito o acabar con el terrorismo. Fungairiño no es, desde luego, el primer fiscal en hacer un uso alternativo de las memorias de su fiscalía. Tiene un cualificado precedente en el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal: en 1994, siendo jefe de la Fiscalía del País Vasco, se sirvió de la memoria anual para exponer sus ideas privadas sobre el divorcio, la despenalización del aborto y la protección oficial a la difusión de anticonceptivos.

Pero incluso con maestros tan encumbrados no es aceptable esa confusión de papeles en el seno del ministerio público. Entre otras razones, porque no beneficia en nada su imagen de institución sometida en su forma de actuar a los principios de legalidad e imparcialidad. La comprensión ideológica por las razones del golpe de 1973 contra la democracia chilena que fundamenta el rechazo frontal de Fungairiño a la extradición de Pinochet ha levantado razonables sospechas de sintonía entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y los defensores del dictador chileno. Por ello es lógico que quienes batallan para que Pinochet sea juzgado por sus crímenes hayan pedido a Fungairiño que se abstenga de opinar sobre el asunto. Es un buen consejo para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recobre su obligada imagen de imparcialidad en un caso de tanta trascendencia jurídica y humana como el de la extradición del dictador chileno.