Mariscal culpa al Parlamento y al Poder Judicial de los incumplimientos del programa de Justicia

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, achacó ayer al poder legislativo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los incumplimientos del programa de Justicia del PP, que le fueron recordados en la comparecencia en la que resumió sus tres años de gestión. Para Mariscal, modernizar y agilizar la justicia fueron "los retos" que encontró al llegar al ministerio y aseguró que el Ejecutivo ha puesto medios y usado la iniciativa legislativa para acabar con el atasco judicial. Calificó su gestión de buena pero "no plenamente satisfactoria" y admitió que la justicia sigue siendo lenta.

La rueda de prensa de la ministra -algo que ha sido inusual durante su mandato- empezó con el relato del aumento de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia y de las reformas legislativas impulsadas, "que agilicen de verdad la justicia", dijo, y que mejoren el cumplimiento de la regulación de la objeción de conciencia y la tutela de la libertad religiosa.Mariscal resaltó la creación, durante sus tres años de gestión, de 222 nuevos órganos judiciales (154 de lo contencioso-administrativo) y 371 plazas de jueces y magistrados, "71 más de las pedidas por el Libro Blanco de la Justicia" [elaborado por el CGPJ], enfatizó. Aseguró que la puesta en marcha de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa ha permitido que la duración de estos procesos "pase de 36 meses a dos meses y medio o tres meses".

Entre los retos para lo que queda de legislatura citó la Ley de Enjuiciamiento Civil, "con muchas menos enmiendas de las presagiadas por los catastrofistas", dijo sonriente. Mencionó también la ley de Responsabilidad Penal del Menor, actualmente en tramitación en las Cortes, y la futura ley Concursal, entre otras.

Reparto de culpas

Cuando se le mencionaron a la ministra 12 de los incumplimientos del programa elaborado por el PP, bajo el epígrafe La Justicia: poder independiente y servicio eficaz, Mariscal de Gante inició el reparto de responsabilidades. La primera fue para el CGPJ. El incumplimiento del mandato electoral de restringir "la provisión temporal o interina de las plazas judiciales", en un momento en que se aproxima a la mitad el número de jueces interinos, suplentes o sustitutos, fue respondido así: "Si hay plazas vacantes es porque dura demasiado el proceso de selección de jueces por el CGPJ".La reforma pendiente del Estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar "la autonomía de la Fiscalía General" (palabras del programa del PP) la despachó con la necesidad de consenso parlamentario y con que "están trabajando en ello".

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, también pendiente, la falta de una "redefinición más estricta de las competencias de la Audiencia Nacional" y la no remodelación de la Policía Judicial, "que debe tender a su especialización y dedicación exclusiva y a lograr que esté efectivamente adscrita a los juzgados y tribunales" (siempre según el programa del PP) fueron respondidas con que era más urgente reformar la justicia contencioso-administrativa y la civil.

La programada y no realizada adscripción de los secretarios al CGPJ, la supresión de "la excarcelación por vía administrativa so pretexto de reinserción" y la informatización plena de la justicia obtuvieron respuestas evasivas o referencias a la futura nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dicha ley se ha modificado para regular el viaje de ida y vuelta de los jueces a la política, mientras sigue sin abordarse el compromiso electoral del PP de "reformar el sistema de responsabilidad de los jueces y magistrados, que amplíe los supuestos de indemnización a los particulares por error judicial y anormal funcionamiento de la Administración de Justicia". La pasividad ante este compromiso fue respondida por la ministra con que la otra reforma "era más rápida de hacer, retocando muy pocos artículos".

Mariscal se negó a respaldar o desautorizar al fiscal Eduardo Fungairiño respecto a la tregua de ETA o el caso Pinochet y las insistentes preguntas sobre el asunto le sirvieron para exhibir que "el Gobierno respeta la autonomía del Ministerio Fiscal". Sobre su continuidad como ministra dijo, sonriendo: "Si he aceptado serlo en la anterior etapa, tendría que pasar algo muy gordo para que no me gustara en la siguiente".