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Defensa consulta si puede financiar la guerra con una partida para operaciones de la ONU

Miguel González

"¿Cuánto nos está costando esta guerra? ¿Puede el órgano de la soberanía nacional saber cuánto le está costando al pueblo español o es un misterio? ¿De qué partidas presupuestarias se está disponiendo y cuál es el horizonte previsible de gasto?". Como tantas otras, estas preguntas concretas y directas del líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, al presidente José María Aznar quedaron sin respuesta en el pleno del Congreso del martes. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, ha pedido informes para saber si puede pagar estos gastos con un crédito para operaciones de la ONU.

Hasta ahora, el Gobierno no ha facilitado ningún dato sobre el coste de la participación española en los ataques de la OTAN, en los que intervienen seis cazabombarderos F-18 y un Hércules C-130 de reabastecimiento en vuelo. Fuentes militares han cifrado en unos 400 millones de pesetas el gasto durante el primer mes de operaciones. Sin embargo, esta cifra resulta muy baja si se compara con el resultado de unos sencillos cálculos: los F-18 han realizado hasta ahora unas 260 horas de vuelo y el Hércules alrededor de 120.El coste de la hora de vuelo de un F-18 se estima en unas 800.000 pesetas y la de un C-130, en medio millón. Además, las retribuciones del destacamento español instalado en la base de Aviano (Italia) ascienden a unos 140 millones al mes.

En sus misiones de ataque a suelo, los F-18 lanzan bombas GBU-16 y BR-500. El precio de las primeras, de guiado láser, ronda los seis millones por unidad, y el de las segundas, los dos millones. Los F-18 han cumplido hasta ahora un centenar de misiones, arrojando dos bombas cada vez, por lo que habría que sumar casi 800 millones aproximadamente. En total, más de 1.000 millones. Además, España contribuye a la flota de la OTAN que patrulla el Adriático con una fragata y un petrolero y deberá pagar el 3,5% de los gastos comunes aliados, que incluyen el despliegue de dos cuarteles generales en Albania y Macedonia.

Frente a la absoluta opacidad de los gastos bélicos, el Gobierno ha detallado el coste del contingente de 400 militares enviado a Albania en misión humanitaria. Son 7.515 millones, según explicó en el Congreso el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Lo que no dijo es de qué partida saldrá ese dinero.

Defensa dispone de un crédito ampliable, el 228, con el que hasta ahora ha financiado la presencia militar en Bosnia. Pero los expertos consideran que este crédito no puede utilizarse para financiar el conflicto, pues su denominación es inequívoca: "Gastos originados por participación de las FAS en operaciones ONU". Ni la ayuda a los refugiados en Albania ni, obviamente, los bombardeos son "operaciones ONU" y la denominación de una partida presupuestaria tiene rango de ley.

EL PAÍS ya publicó el pasado 25 de abril que Defensa quería financiar con cargo a este crédito -que en los presupuestos figura con 10 millones de pesetas, pero en 1998 superó los 20.000, dado su carácter ampliable- las actuales operaciones. Un portavoz del departamento reconoció que seguramente no sería posible y habría que recurrir a una partida especial. Pero el ministro Eduardo Serra no ha renunciado por completo a esta idea y ha pedido informes a los servicios jurídicos y a la intervención del Estado antes de descartarla.

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"Hoy tenemos un crédito ampliable, que es con el que actualmente financiamos las operaciones en Bosnia. Si los informes jurídicos y de intervención dan que con cargo a este crédito pueden financiarse los gastos adicionales que ocasionen la actividad en Kosovo y Albania, lo haremos así", manifestó Serra el pasado día 27 durante su estancia en México. "En otro caso", agregó, "habría que hacer un crédito extraordinario o un suplemento de crédito".

El crédito extraordinario es, según todos los expertos, la fórmula más idónea, pues es la única que permite hacerlo ampliable, lo que resulta imprescindible al tratarse de una guerra cuya duración y evolución se desconoce. Sólo tiene un inconveniente: debe ratificarlo el Parlamento. Algo que parece rehuir a toda costa el Gobierno.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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