Creación artística y libertad de expresión

Un suceso acaecido los días pasados en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid ha alcanzado tal difusión en ambientes universitarios y en algunos medios de comunicación, y ha dado lugar a una polémica tan viva, que no resulta improcedente relatar aquí los hechos y exponer algunos argumentos con objeto de dar cumplida información general, justificar públicamente la actuación y suscitar la reflexión y la crítica.Por iniciativa de un profesor y varios estudiantes del departamento de Historia y Teoría del Arte, la Universidad Autónoma de Madrid convocó a finales de 1998 un concurso para montar instalaciones temporales con fines artísticos en espacios públicos universitarios sin perjudicar el desarrollo habitual de la actividad docente e investigadora. Los autores de la idea, por delegación al menos implícita de responsables de la universidad, difundieron la convocatoria y seleccionaron siete propuestas entre unas cincuenta que concursaron. Se solicitó permiso a los decanos de los centros donde se iban a montar las instalaciones, que, en efecto, fueron preparadas durante el fin de semana previo al lunes 19 de abril, fecha prevista para la inauguración. Esa misma mañana, responsables de la universidad recibieron protestas contra una instalación, consistente en la exhibición de fotos fijadas a las paredes, vídeos y objetos de contenido pornográfico, en los aseos y en las escaleras que descienden a los mismos desde el vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras, tras una cortina de baño colgada en un vano del perímetro de acceso al edificio. Ante las protestas, el rector comunicó en la inauguración que suspendía temporalmente la divulgación de la instalación en aquel lugar para recabar información, evitar que fuera visitada por menores y, en su caso, someter la aprobación de su exhibición a los órganos colectivos de la universidad. Este vestíbulo, en efecto, es frecuentado por hijos de profesores y de otras personas que trabajan allí, que estudian en el colegio público que hay en el campus, y por niños que visitan el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Ante esto, los concursantes seleccionados anunciaron su retirada y salieron de la sala. Ese mismo día aparecieron carteles contra la decisión del rector. Al día siguiente, martes, reunidos los responsables del departamento, de la facultad y de la universidad, y los promotores de las jornadas, se acordó por unanimidad, y con la aceptación de todos los autores de las propuestas seleccionadas, divulgar la instalación con una advertencia sobre su contenido, indicar que no debe ser visitada por menores, cerrar la visión mediante una cortina para permitir el paso por el zaguán sin presenciar la intervención, estudiar cualquier otra actuación no prevista en el proyecto de intervención seleccionado en su día y prohibir la exhibición de un animal vivo que preveía el proyecto, todo ello bajo la supervisión de un estudiante. El claustro, convocado en sesión ordinaria para otros temas, fue informado y dio su visto bueno al acuerdo.

Este episodio ha suscitado la polémica en ámbitos universitarios. La discusión intelectual sosiega ánimos, elimina aspectos posiblemente escabrosos y ofrece ocasión para reflexionar sobre el arte. Los argumentos esgrimidos se pueden resumir así. Para unos es intolerable que se permita divulgar pornografía en un recinto universitario, aunque sea en el marco de unas jornadas de intervención artística, pues las obras de contenido pornográfico no pueden ser artísticas. Este modo de pensar supone determinar previamente qué contenidos son de naturaleza artística. Como hay obras literarias y plásticas de contenido pornográfico que son socialmente consideradas artísticas, al menos por la forma con la que están expresadas, es imposible predecir cuáles tendrán esa categoría antes de examinar su forma.

Para otros es intolerable lo que califican como censura de una obra creativa, porque atenta contra la libertad de creación artística. A quienes argumentan así hay que responder que la libertad absoluta de creación no implica derecho absoluto a la comunicación pública de la creación. Por ejemplo, las manifestaciones públicas de racismo se penan, pero no las opiniones expresadas en el ámbito doméstico, aunque son éticamente reprobables. Además, si la divulgación se realiza en un espacio público, ésta puede entrar en conflicto con las libertades de otros usuarios del mismo espacio.

Algunos añaden que sólo los profesionales del arte, creadores, críticos y profesores o estudiantes de títulos universitarios relacionados con las artes poseen capacidad para enjuiciar las obras concebidas con pretensión de ser artísticas, y que los demás no tienen derecho a emitir su opinión. La aceptación de este argumento supondría negar el derecho a opinar sobre cada tema a los que no son profesionales y, en último término, negar el voto a los que carecen de conocimientos políticos.

Algunas personas estiman que alguien más, aparte de los promotores, debería haber tenido conocimiento previo exacto sobre el contenido de la instalación y haber tomado medidas cautelares para impedir su divulgación. Esta conducta habría tenido, sin duda, la ventaja de reducir la dimensión del eventual escándalo, pero quizá habría constituido un acto de censura y habría atentado seguramente contra la libertad de cátedra, en cuanto que podría haber constituido una interferencia sobre la enseñanza. Como es obvio, sólo las enseñanzas impartidas, sean o no éticamente condenables, son legalmente punibles. Aparte de eso, es sabido que la organización académica se basa en el principio de la confianza recíproca.

La decisión adoptada es fruto de un acuerdo unánime que conjuga la libertad de expresión del concursante y de los promotores con la libertad de opción de los transeúntes, la tutela de la infancia y la salvaguardia del derecho de la universidad a su propia imagen. Esperemos que este suceso haya despertado en algunos miembros de nuestra sociedad la reflexión sobre el bien cultural que es la creación artística. Si es así, bienvenida sea la polémica.