MIR / MESTOS

La amenaza de huelga de los MIR pretende desviar al Gobierno de su meritoria decisión de, dando cumplimiento a una decisión de las Cortes, resolver el espinoso problema de los MESTOS. La fuerza corporativa inhibiría, así, la prudente decisión y acción política tendente a resolver una cuestión de gran calado, con profundas implicaciones sanitarias, jurídicas y, sobre todo, humanas. Todos los españoles somos conscientes de las excelencias del sistema MIR de formación médica, a través del cual los licenciados en Medicina adquieren una cualificada especialización. Tan cualificada que, incluso, en ocasiones, Médicos Internos Residentes, en periodo de formación, atienden guardias en nuestros hospitales. De tan buena formación se beneficia el derecho de los españoles a la salud. Ahora bien, existe un colectivo de médicos que por una u otra razón no culminaron el MIR y llevan años actuando como especialistas. Son los Médicos Especialistas Sin Título Oficial (MESTOS). Y es claro que no me refiero a las decenas de miles de quienes fracasaron en el MIR y de especialistas sólo tienen la pretensión, sino a quienes, durante años, ejercen satisfactoriamente una especialidad. Ante la carencia de especialistas titulados, la sanidad pública en expansión recurrió a ellos y, si su situación sigue siendo, a través de los años, interina y precaria, los servicios prestados son plenamente satisfactorios, hasta el punto de que ellos han formado a varias promociones de MIR. ¿O es que esto se reputaría, de pronto, como atentado al derecho a la salud?De lo que ahora se trata es de regularizar una situación no oponiendo dos intereses corporativos, sino garantizando el mejor servicio a la salud de los ciudadanos. Se incurriría en lo primero si los MIR pretendieran un monopolio de la especialización sin atender a la real cualificación profesional de los MESTOS o exigiendo para comprobarla requisitos o pruebas que ningún profesional avezado está en condiciones de superar, aunque son muy propias de un estudiante aplicado. O si, por el contrario, se pusiera en cuestión la formación y titulación de los MIR para satisfacer a cuantos no consiguieron pasar tan prestigiosa vía de formación y especialización. Lo que importa es dar a luz una fórmula que permita acceder al título de especialista a quienes lo son en virtud de la fuerza normativa de los hechos: años de satisfactorio ejercicio de la especialidad en centros acreditados. Éste era el camino hacia el que apunta el proyecto de decreto filtrado a los medios, que tantas iras parece haber levantado en medios corporativistas pese a haber sido felizmente consensuado con las organizaciones médicas y en el Consejo Interterritorial de la Salud y avalado por las instancias de la Unión Europea.

Pero la solución del problema no admite dilación. El conflicto malthusiano de intereses profesionales que parece ocultar la verdadera cuestión -la garantía suficiente del derecho a la salud- está a punto de desbocarse por otras vías. Todo el sistema español de especialidades médicas, de cuyas excelencias, repito, nadie debe dudar, descansa no sólo en la fuerza de la huelga, sino en una norma, el R. D. 127/84 cuyo artículo 1 viola manifiestamente la reserva de ley que, para la regulación de las profesiones tituladas, establece el artículo 36 CE, tal como lo ha interpretado reiteradamente el Tribunal Constitucional. Más aún, la dispar jurisprudencia, de un lado contencioso-administrativa y, de otro, penal (y social) del Tribunal Supremo demuestra a qué dislates se puede llegar abusando de la exigencia del título de especialista. Menospreciar la legalidad tildándola de orgía jurídica termina costando caro y precedentes hay de ello. Pero a nadie debería interesar complicar por estas vías la cuestión. Porque no se trata de negar las virtudes de la especialización, sino de reconocer el carácter de especialistas a quienes la sanidad pública lleva años empleando y los españoles disfrutando como tales.