Más de un centenar de menores no pueden acceder a centros de acogida

La atención de los menores en situación de desamparo en Cataluña es preocupante. Así lo ha denunciado en el Parlament la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y Adolescencia (Fedaia), cuyos representantes reclamaron ayer a la Generalitat más inversión y recursos para atender la demanda de menores en situación de riesgo. Los últimos datos de la Dirección General de Atención a la Infancia, de febrero pasado, avalan esta versión: 123 menores están en lista de espera para entrar en un centro residencial de acogida y más de 3.200 expedientes están todavía en estudio o pendientes de ser analizados. Estos jóvenes se encuentran en situación de riesgo porque han sufrido malos tratos o abusos, o simplemente porque la familia ha renunciado a su custodia al no poder controlar su comportamiento conflictivo. En esas situaciones, la Administración se hace cargo de la tutela de los menores en los centros residenciales de acción educativa. La mayoría de los ingresos en estas residencias se producen porque el menor presenta incapacidad educativa (283 casos), por problemas con las drogas (237) y debido a conductas calificadas de inadecuadas (185). Pero también los hay que ingresan por falta de un control familiar continuado en el hogar (150), orfandad o abandono (140) y por motivos de enfermedad mental (119). Lluís Llové, vicepresidente de la Fedaia, asegura que los recursos que existen para atender a los menores en situación de riesgo son insuficientes. "Hay pocas residencias de acogida y los profesionales están desbordados", dice Llové. La Fedaia, asociación sin ánimo de lucro, cuenta con 110 centros, mientras que la Generalitat tiene 25. El 80% de las residencias de la Fedaia reciben una subvención que representa el 50% del coste real de su servicio. Del total de los 2.000 menores tutelados por la Generalitat, 1.500 reciben atención en centros de la Fedaia. A todo esto se añade el espectacular aumento de las urgencias de atención a menores: en 1997 se produjeron 542 casos de actuación rápida; dos años más tarde, la cifra ha ascendido a 1.162. Por otra parte, ayer finalizaron las jornadas organizadas por el Instituto de la Infancia y el Mundo Urbano, impulsado por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, así como por el ámbito universitario. Este organismo ha decidido crear el Observatorio de la Infancia, institución que fomentará políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los menores.