El consejero vasco de Justicia dice que los encarcelados de HB son presos políticos

El consejero vasco de Justicia, Sabin Intxaurraga, de Eusko Alkartasuna (EA), calificó ayer de "presos políticos" a los 22 miembros de la anterior Mesa Nacional de Herri Batasuna que permanecen en prisión condenados a siete años por colaboración con ETA. Esta declaración fue leída por el secretario general del sindicato nacionalista ELA, José Elorrieta, durante una comparecencia para pedir al Tribunal Constitucional, que ayer se reunía en pleno, que revise la sentencia condenatoria dictada por el Supremo.

El consejero de Justicia del Ejecutivo vasco no pudo acudir a la cita convocada por varios testigos del juicio seguido contra la anterior Mesa Nacional de Herri Batasuna. En su defecto, Sabin Intxaurraga envió una carta que fue leída por el máximo representante de ELA, José Elorrieta. "Mi principal opinión sobre esta sentencia es que se vulneran derechos básicos como son la libertad de expresión y la difusión de ideas". "En mi opinión", señala la misiva, "los miembros de la Mesa Nacional tienen un carácter de presos políticos, incompatible con cualquier condición de un Estado de derecho". Los asistentes a la convocatoria, entre los que se encontraban el responsable del sindicato LAB, José Luis Reizabal, el coordinador de Elkarri, Jonan Fernández, el miembro del colectivo Zutik Joxe Iriarte, y el que fuera director del clausurado diario Egin Javier Salutregi, además del ya citado Elorrieta, pensaban que el Tribunal Constitucional iba a pronunciarse ayer, aprovechando la reunión de su pleno, sobre los recursos presentados contra el encarcelamiento de los 23 dirigentes -Jon Idigoras salió de prisión por enfermedad- de HB.

El responsable vasco de Justicia señaló en su carta que, al margen de "las quiebras jurídicas" que tiene la sentencia del Tribunal Supremo al suponer la imputación de un delito a una "persona jurídica colectiva" sin "probar su participación directa en la comisión del mismo", la difusión de un ideario político, "incluido el de la propia ETA", es "conveniente para llegar a situaciones de tregua que conducen a un proceso de paz". La carta concluye con una petición para que se revise la sentencia en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional.

En esa misma línea se expresó José Elorrieta, quien consideró que la sentencia emitida en su día por el Tribunal Supremo tuvo un carácter "político" con la intención de "negar que en la raíz del conflicto vasco hay un problema que es necesario resolver".

El exdirector de Egin Javier Salutregi reiteró su convicción de que los miembros de HB encarcelados "son inocentes" y dijo que su encarcelamiento "es inconcebible desde los puntos de vista judicial y político". El portavoz de Elkarri, Jonan Fernández, explicó que la sociedad vasca tiene una sensación de "escándalo" por el hecho de que se encarcele a una formación política por difundir un vídeo.

El PP pide una aclaración

El secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, pidió ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que aclare si comparte las descalificaciones vertidas por su consejero, al que acusó de arremeter contra el Estado de Derecho con el objetivo de "satisfacer sus obligaciones y compromisos con los firmantes del Pacto de Estella". Barrio señaló que lo "realmente incompatible es que quien no cree en el Estado de derecho pueda ser responsable máximo de la Consejería de Justicia". El dirigente popular consideró que el contenido de la carta de Intxaurraga confirma una vez más su carácter radical y su "no compromiso" por formar parte de un Gobierno objetivo para todos los ciudadanos.