No habrá debate sobre el estado de la nación hasta después del 13-J

El Gobierno ha acordado con sus socios nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria) que el debate anual sobre el estado de la nación no se celebre hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 13 de junio, en contra de las pretensiones del PSOE e IU, quienes habían reclamado su celebración durante la segunda quincena de mayo. Fuentes populares indicaron a Efe que el PP y sus socios comparten la idea de posponer el debate para evitar que se tiña de electoralismo.

Aunque la iniciativa de convocar el debate corresponde en exclusiva al Gobierno y el PP ya había adelantado su propósito de esperar a que concluya la campaña electoral, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, y el portavoz popular, Luis de Grandes, anunciaron esta semana su intención de realizar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios antes de tomar la decisión definitiva. El resultado de esta ronda, en la que el PSOE se ha negado a participar por considerarla una pérdida de tiempo, es el que se conocía de antemano, pues las posturas de los distintos grupos quedaron claras en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso del pasado martes: Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria comparten con el PP la idea de aplazar el debate hasta pasada la cita con las urnas, para evitar que se convierta en un acto de la campaña electoral en vez de un análisis de la gestión del Ejecutivo.

Iniciativa socialista

Por el contrario, PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto consideran que las elecciones no justifican tal aplazamiento y han pedido que el debate se celebre durante la segunda quincena del mes próximo, antes de que se inicie la campaña electoral propiamente dicha. Para los tres grupos de la oposición, algunos asuntos de gran importancia -como el proceso de paz en el País Vasco, la situación económica o la guerra de Yugoslavia- no pueden seguir por más tiempo ausentes del Parlamento, salvo que se quiera agudizar su "insoportable degradación" y mantenerlo "ausente de la vida política", según el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Grupo Socialista ha recurrido incluso a un artículo del reglamento del Congreso para forzar la celebración del debate. Amparándose en que una quinta parte de los diputados tiene derecho a convocar un pleno extraordinario y los escaños socialistas superan este porcentaje, ha dirigido un escrito al presidente de la Cámara, Federico Trillo, en la que pide que el jefe del Ejecutivo comparezca para hacer "un balance sobre la situación política y socioeconómica española en el último año". En realidad, se trata de una iniciativa puramente testimonial, pues la fijación del orden del día de los plenos corresponde a los órganos de dirección del Congreso, en los que el Gobierno cuenta con mayoría.

Aunque el debate sobre el estado de la nación tuvo lugar el año pasado entre los días 12 y 14 de mayo, el PP sostiene que su celebración a finales de junio, o incluso a principios de julio, no supone ni siquiera un aplazamiento, pues no tiene fecha fija y hay precedentes en distintos meses del año.

El próximo miércoles está previsto que comparezca ante el Congreso el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, para informar sobre la ayuda humanitaria a los refugiados de Kosovo. La semana próxima será José María Aznar quien comparecerá ante el pleno para dar cuenta de los resultados de la cumbre de la OTAN concluida ayer en Washington.