Hacienda reclamó sólo 540.000 pesetas a la firma que De la Rosa usó para el pago de comisiones

Hacienda cerró con un acta de 542.723 pesetas la inspección correspondiente al año 1989 de la sociedad Aciesa, controlada por el equipo de Javier de la Rosa, pese a que declaró pérdidas de más de 8.000 millones y estaba inactiva. Esta sociedad, que se usó de forma indiscriminada para pagar comisiones y cobrar dinero de Torras, acabó siendo investigada, y reclamada, en todas las causas relacionadas con el caso Torras, tanto en Londres como en la Audiencia Nacional y en el caso Grand Tibidabo. La fiscalización de esta sociedad, que generó cierta polémica en la Inspección, se realizó en diciembre de 1992, y era competencia del equipo dirigido por José María Huguet.

Esta fiscalización corrió a cargo de un equipo dirigido por el entonces jefe de la Inspección en Cataluña, José María Huguet, quien recibió ingresos en Suiza procedentes del abogado de Torras Juan José Folchi. Las actas de esta inspección encendieron las luces de alarma en otros departamentos de la Delegación de Cataluña. Según varias fuentes, la reacción de algún inspector de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Barcelona permitió que otra sociedad de las mismas características, Pinyer, corriera la misma suerte. Esta segunda inspección no se cerró y el informe realizado desde la ONI se envió a los juzgados por presunto delito fiscal. En el caso de Aciesa, en la misma fecha se cerró la inspección de los años 1989, 1990 y 1991. La suma total reclamada a la sociedad por esos tres ejercicios fue de 10 millones de pesetas. ¿Quién era el accionista de Aciesa? Una sociedad holandesa llamada Hertili, de la que nadie se ha hecho responsable desde que su contabilidad acabó en los tribunales. Aciesa aparece en todas las operaciones extrañas realizadas por el equipo de De la Rosa durante los años en los que estuvo al frente del Grupo Torras.

En primer lugar, en el cobro de comisiones. Así, Aciesa pagó 300 millones de comisión en 1991 en la venta de un edificio de Tibidabo, sociedad que controlaba De la Rosa, a la Generalitat de Cataluña. En esta operación, los peritos judiciales han asegurado asimismo que la Administración catalana pagó un precio superior al de mercado. Otros miles de millones procedían de Torras, a quien cobraba por supuestos informes.

Fiscalmente, el reconocimiento por parte de la Inspección de esas pérdidas de 8.544 millones de pesetas en 1989 era un magnífico negocio. En la práctica supone que la empresa no deberá pagar impuesto sobre beneficios mientras éstos no superan a las pérdidas.

Por ello, Aciesa fue durante esos años una verdadera ganga para un rosario de empresas y empresarios de Barcelona que realizaban operaciones que generaban beneficios a través de ella. Es decir, Aciesa aparecía como vendedora de inmuebles y acciones y no pagaba por los beneficios, que iban a compensar las pérdidas afloradas en 1989.

De esta manera, Aciesa aparece, por ejemplo, como vendedora de un edificio a la policía autonómica catalana, o de unos solares para la Universitat Oberta de Catalunya, ambos organismos dependientes de la Generalitat. También realizó innumerables estudios que, según fuentes conocedoras del proceder de la sociedad, generaron comisiones sin dejar rastro.

Tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la propia Hacienda, las inspecciones sobre Aciesa han sido motivo de las más variadas especulaciones. Especialmente desde que un tribunal de Londres acordó embargar los bienes de la empresa por su participación como tapadera en las operaciones atribuidas a De la Rosa.