Cuatro guardias civiles de Mejorada niegan haber torturado a un detenido

Los cuatro guardias civiles de Mejorada del Campo acusados de torturas negaron ayer, ante el tribunal que les juzga, haber maltratado en el cuartelillo a un industrial al que detuvieron por una supuesta infracción de tráfico la noche del 22 de octubre de 1993. Los agentes señalaron que tuvieron que usar la fuerza para detener a la víctima, Antonio Emilio A., pero que una vez arrestado respetaron sus derechos y no fue maltratado.

Ni el fiscal ni la abogada de la acusación particular opinan así, al menos de momento (el juicio continuará hoy con la declaración de la víctima, Antonio Emilio A.). De hecho, el fiscal reclama para los dos guardias civiles que efectuaron la detención -Manuel O. G. y Andrés F.A.- cuatro años de prisión para cada uno por lesiones. Y otros tres meses de cárcel y nueve de inhabilitación profesional, por supuestas torturas, para Luis L.O., el sargento y comandante de puesto de Mejorada. La acusación particular reclama penas aún superiores e incluye como acusado a otro guardia civil, Antonio D. S.

Relato de hechos

El fiscal expone en su relato provisional de hechos que, sobre las 0.45 del 22 de octubre de 1993, los agentes Manuel O. y Andrés F. detuvieron, a la puerta de una nave industrial de Mejorada, a la víctima y que tuvieron que usar la fuerza física, "dada la oposición" de ésta. Con las manos esposadas a la espalda, según el fiscal, le trasladaron al cuartelillo, "donde le introdujeron de modo violento en una habitación y le golpearon". Como consecuencia de los golpes, Antonio Emilio sufrió perforación del tímpano izquierdo, traumatismo craneoencefálico leve y lesiones en el codo, que hubo que escayolar, entre otros daños. Tardó en curar unos 65 días. Los médicos que atendieron aquella noche a Antonio Emilio ratificaron la existencia de las lesiones descritas por el fiscal. Los acusados dijeron ayer que el detenido comenzó a sangrar tras la detención y explicaron que detuvieron al acusado en una nave industrial de su propiedad porque sospechaban que había conducido ebrio y de forma temeraria. Con todo, negaron haberle maltratado.

Las torturas que el fiscal imputa al sargento se deben a que, una vez en el cuartelillo, "conminó" a la víctima a firmar una "hoja de lectura de sus derechos" en la que se indicaba que Antonio Emilio deseaba ser asistido por un letrado de oficio, a pesar de que la víctima deseaba que le ayudase un letrado amigo.

Este abogado explicó ayer al tribunal que se presentó en el cuartelillo aquella misma noche, tras ser avisado por los familiares de la víctima, y que el sargento le impidió visitar al detenido alegando que éste había pedido uno de oficio.

A preguntas del tribunal, el abogado de oficio admitió que se topó con su colega a la puerta del cuartelillo y que le negó la venia siguiendo las normas del Colegio de Abogados para ese tipo de situaciones. El presidente del tribunal preguntó al abogado de oficio si ignoraba que la Constitución establece como "derecho preferente" la libre elección de abogado. El letrado contestó encogiendo los hombros y argumentando la normativa del colegio.