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Un poblado con 170 casas bajas obstaculiza el primer barrio privado para 12.000 viviendas

Antonio Jiménez Barca

El nuevo barrio de Sanchinarro, al norte de Madrid, donde en un futuro vivirán tantos habitantes como en Soria (36.000 vecinos, 12.000 viviendas), se ha topado con un peculiar grupo de oponentes: al menos 40 familias de las 170 que ahora residen en un poblado del erial de Sanchinarro se niegan a abandonar su casa para ocupar los nuevos pisos que les promete el Ayuntamiento en un esquinazo del nuevo barrio. Las casas bajas que habitan no son chabolas: algunas hasta tienen piscina y jardín. Por eso, los propietarios se resisten a abandonar las casas: "De aquí nos tendrá que sacar la Guardia Civil".

El alcalde José María Álvarez del Manzano pondrá hoy la primera piedra de la miniciudad de 12.000 viviendas enclavada en un triángulo de unas 380 hectáreas,cuyos lados son la carretera de Burgos, la Vía Borde de Hortaleza y la M-40 (véase gráfico). El plan prevé que Sanchinarro cuente junto a los pisos con dos centros culturales, un hipermercado (Hipercor), un ambulatorio, una comisaría y un convento, que se encuentra aquí desde hace décadas. "El convento no se tiene que mover, pero nosotros sí. Eso no es justo", se queja Fernando del Pozo, uno de los vecinos que se niega al derribo de su casa para el desarrollo del nuevo barrio.

La vivienda de Del Pozo mide al menos 200 metros cuadrados, sin contar con el patio (con piscina) y un jardín trasero (con césped). Al lado de la casa de Del Pozo se encuentra la de sus suegros, comprada hace más de 50 años. "Tres generaciones han crecido en estos terrenos; al principio fue duro, lejos de todo y cerca de nada, sólo el campo y los vertederos, pero hemos echado raíces aquí", explica en una carta que ha escrito este vecino al Defensor del Pueblo y al presidente de la Comunidad de Madrid para que le ayuden en su batalla contra el desalojo y la expropiación forzosa.

Decisiones de la mayoría

El método por el que se está construyendo esta miniciudad permite que las medidas se tomen por la mayoría de los propietarios del terreno. Con que estén de acuerdo los dueños del 60% de toda la extensión (independientemente del número de propietarios), las decisiones siguen adelante. "Y lo que interesa a los grandes dueños de la tierra, a las grandes constructoras como Ferrovial, no interesa para nada a muchos de los que tenemos la casa aquí", explica Del Pozo. El precio que se les pagará por el terreno no les llegará para comprar un piso, aunque sea protegido, sostienen, y además perderán calidad de vida. "Nos quieren meter en una casa en el peor sitio de Sanchinarro, rodeados de carreteras", se queja este vecino en paro. En septiembre, el Ayuntamiento aprobó el diseño definitivo del nuevo barrio, que prevé que las casas más baratas, de protección oficial (12 millones por un piso de 90 metros cuadrados), se sitúen cerca de la M-40 y las más caras al lado de un centro comercial.

Del Pozo ha recogido firmas en contra del proyecto de 40 de las 170 familias del poblado. "Pero hay muchas más que no quieren moverse, de eso estoy seguro, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hablar con ellas", cuenta.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), aseguró ayer que a los afectados no sólo se les pagará por el terreno y por la vivienda; también por el hecho de tener que desplazarse. "Se les abonará el suelo y el vuelo", resumió. Para el edil, además, una operación de tanta envergadura como el nuevo barrio de Sanchinarro no se puede detener ante las protestas de unas decenas de vecinos. "Existe lo que se llama el bien común, y el 60% de los propietarios del terreno ha decidido una cosa. Legalmente, los vecinos que estén en contra no pueden recurrir nada", explicó. "No creo que ninguno de éstos pierda dinero con la operación, ya que su suelo se ha recalificado", añadió.

Del Río niega que el lugar elegido para colocar las casas más baratas, lejos del hipermercado, sea malo. "Vivir al lado de un centro comercial no es lo mejor", aduce. Por su parte, el edil socialista José María de la Riva criticó la forma que tiene el PP de gestionar los nuevos barrios: "En el fondo, los deja en manos privadas, que hacen lo que quieren, sin contar con las familias que viven allí. Cuando se refieren al bien común quieren decir el bien de las constructoras".

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Sobre la firma

Antonio Jiménez Barca
Es reportero de EL PAÍS y escritor. Fue corresponsal en París, Lisboa y São Paulo. También subdirector de Fin de semana. Ha escrito dos novelas, 'Deudas pendientes' (Premio Novela Negra de Gijón), y 'La botella del náufrago', y un libro de no ficción ('Así fue la dictadura'), firmado junto a su compañero y amigo Pablo Ordaz.

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