El fiscal solicita 21 años en el caso de la estafa de los coches importados
A partir de hoy, y a lo largo de tres días, cuatro personas se sentarán en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Vizcaya, acusadas de estafar casi 20 millones de pesetas a 10 personas a las que prometieron vehículos de importación a bajo precio.Los acusados son un agente de la Guardia Civil, un policía municipal de Erandio y otro de Leioa, así como una persona que se hacía pasar por perito judicial de los juzgados de Barakaldo. El fiscal solicita contra este último una pena de cuatro años de prisión, como autor de un delito de estafa continuada y dos más por el delito de falsedad en documento oficial, asi como cinco años por estafa para cada uno de los otros tres acusados. Según el relato del fiscal, las presuntas estafas se produjeron en los años 1993 y 1994 en distintas localidades de Vizcaya, a través de "una red ficticia de venta de vehiculos de importación" denominada "S.L. Importuris". Todos ellos, según el Ministerio Público emplearon el engaño de poder conseguir la compra de los coches " a menor precio y con la garantía que daban a sus clientes por su condición de funcionarios públicos". Las 10 personas estafadas llegaron a entregar cantidades a cuenta que oscilan entre las 900.000 pesetas y los tres millones, dependiendo del modelo solicitado. En ninguno de los casos se llegó a entregar el vehiculo ni a devolver el dinero. El sistema utilizado por lo acusados era el "boca a boca", extendiendo el rumor de que podían facilitar, por ejemplo, un Toyota Celica por 2 millones y medio de pesetas, o un Mercedes 190 por 4 millones.
