El colapso de la Audiencia malagueña eterniza los acogimientos de menores

El acogimiento familiar de menores, paso previo a la adopción, llega a ser un calvario para las familias acogedoras, que tienen que esperar hasta cuatro y cinco años antes de ver regularizada la situación de sus hijos. El problema es que en las Audiencias Provinciales no hay salas especializadas en derecho de Familia, y los expedientes se ventilan junto a otros miles de casos civiles. La asociación Hogar Abierto de Málaga ha dado la voz de alarma de una situación que también preocupa a jueces y fiscales.

En 1997, la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta tramitó 661 acogimientos, pero sólo pudieron formalizarse 239. La proporción fue similar en años anteriores. La mayoría de los expedientes duermen años en los juzgados antes de que se dicte sentencia. Las familias acogedoras soportan la espera con angustia. "En primer lugar, los hijos adoptivos no pueden llevar los apellidos de sus nuevos padres hasta que haya sentencia, y no pueden disfrutar plenamente de los beneficios de estar en una familia", comenta Alberto Peláez, presidente de la asociación pro acogimiento familiar Hogar Abierto. Pero ocurren cosas peores, como que finalmente el juzgado decida dar el niño a la familia biológica cuando el menor lleva ya varios años integrado en la de acogida. Esa posibilidad le quita el sueño a R. M., concejala de una localidad malagueña que no desea que aparezca su nombre ni el de su hijo "por respetar el derecho a la intimidad del chaval". En 1995 acogió a un niño abandonado de siete años que estaba en un centro de acogida de la Junta, y aún está esperando a que la Audiencia Provincial formalice el acogimiento preadoptivo. "Cuando nosotros acogimos a mi hijo, su padre biológico no lo había reconocido, y estaba en situación de desamparo. Ahora lo reclama un familiar. No tenemos sentencia y tampoco hemos sido informados por el juez nunca en estos cuatro años. Si se lo dan a la familia biológica, lo dejamos todo y nos vamos a vivir cerca de él", proclama. La fiscal de Menores de Málaga, Victoria Gutiérrez, comparte la preocupación de las familias. "Estos retrasos merecen reprobación y repulsa, porque se está hablando de la vida y el futuro de un niño", comenta. "Hay varias circunstancias que hacen que los casos se eternicen", añade. "Primero, que la ley obliga a escuchar a la familia biológica, y localizarlas no es fácil porque muchas veces no tienen domicilio fijo, o están en la cárcel, o no quieren comparecer y no se les puede obligar. Los casos que llegan a la Audiencia porque no quedan resueltos en primera instancia, entran en las secciones de lo Civil junto a otros miles de expedientes, y no hay personal suficiente para especializarlo", explica Gutiérrez. La nueva Ley Penal del Menor, aún en trámite parlamentario, propone que las apelaciones se ventilen en una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se crearía ex profeso para Familia. Pero, mientras se aprueba, sólo queda recurrir a la sensibilidad de los jueces. "Bastaría con poner los intereses del niño sobre cualquier otro", señala Peláez.