Una ley en vía muerta

Un consejero del Gobierno vasco solía hacerse una pregunta que nadie parecía estar dispuesto a contestar: "¿De qué sirve", decía, "elaborar una ley si no va acompañada del dinero correspondiente ni, a veces, de voluntad del Ejecutivo, para cumplirla?" Esto es lo que está ocurriendo con la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, aprobada el 3 de julio de 1990. No se cumple pese a que su texto comienza diciendo que "el patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la identidad de este pueblo y el más importante testigo de su contribución histórica a la cultura europea". Y no se cumple pese a que, en la exposición de motivos se reconoce que "la protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos". De este incumplimiento no se puede culpar ni a Madrid ni a Bruselas, porque prácticamente todas las competencias de esta materia son de la comunidad autónoma, tal y como establece el estatuto de Autonomía y la ley de Territorios Históricos. Tiene la Ley de Patrimonio seis títulos en los que se establece, además de las disposiciones generales y de las medidas de fomento, lo relativo a los bienes culturales y a los servicios de archivos, bibliotecas y museos. Este apartado de los museos se inicia con una definición (artículo 89) a la que sigue una larga sucesión de promesas que no se atienden, seguramente por falta de dinero en los presupuestos o porque el dinero se destina a otros fines. Promesas como "el acceso libre y gratuito a los museos de titularidad autónoma", o que "el Gobierno Vasco velará para que en los municipios y comarcas de más de 10.000 habitantes se cree un museo de la ciudad", o que "los museos habrán de contar con personal técnico cualificado", o que "las Administraciones de la CAV y de sus territorios históricos reservarán, en el presupuesto de las obras públicas de importe superior a cincuenta millones, una partida equivalente, como mínimo, al 1% del importe de las mismas, con el fin de invertirlo en la conservación, fomento de la creatividad artística, y puesta en valor y difusión de los bienes culturales". "Sistema nacional" Pero lo más grave de la falta de cumplimiento de la ley es el capítulo referente al "Sistema Nacional de Museos", una red integrada "por todos los museos de titularidad pública, salvo los privados o los que son exclusiva del Estado y los de titularidad de los territorios históricos", encargados en su mayoría a las Diputaciones y ayuntamientos. Pero incluso en esos tres casos, tales museos podrían integrarse al Sistema Nacional mediante convenios con el Gobierno vasco. Para todo ello, dice la ley, se creará un centro específico, que se presentó en 1994 dentro de un ambicioso Plan Nacional de Museos, en el que se establecía, de acuerdo con las Diputaciones y algunos ayuntamientos, tres dominaciones de museos según la categoría y la competencia institucional: los nacionales, los territoriales y los locales, evitando así diferencias, duplicidad de competencias y enfrentamientos administrativos. Se advertía entonces que "uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Cultura es el desarrollo de ese Centro aglutinador de los museos del país, trabajando conjuntamente con diputaciones y ayuntamientos para propulsar y coordinar la acción museística". Uno de los objetivos más interesantes de aquel programa fallido estaba precisamente en impulsar los museos ya existentes junto a los nuevos -principalmente el Guggenheim, pero también otros que se pensaba construir, rehabilitar o ampliar-, estableciendo una conexión entre todos ellos y arriesgándose por una apuesta de comunidad y no de territorialidad, sobre todo en los nacionales. Por ejemplo, se pensaba en establecer un entendimiento y colaboración real entre el Guggenheim y los Museos del Bellas Artes de Álava y de Bilbao; o los que hay dedicados a la arqueología y la etnografía, o los de ciencia y tecnología, o el mar, etc. Y al mismo tiempo existía una pretensión clara de potenciar (o al menos contribuir a que otros lo hicieran) museos que, pese a sus importantes fondos, están en la ruina, abandonados (el de la Técnica de Barakaldo) o sin una función muy concreta, como el de San Telmo de San Sebastián. Aquel Plan de Museos definía el carácter nacional, entre otras cosas, por la contribución y participación del Gobierno vasco, que debía ser total o al mismo nivel que otras instituciones. Estos museos nacionales eran: en Álava, Museo de Bellas Artes (va a iniciarse la construcción de un nuevo, pero sin el apoyo que la obra merece por parte del Gobierno), Arqueología, y Fournier de Naipes y Artes Gráficas; en Guipúzcoa, museos de Arquitectura, Antropológico Vasco, Naval, y de Cerámica y Artes Populares; en Vizcaya, Bellas Artes de Bilbao, Guggenheim Bilbao, y Ciencia y Tecnología de Barakaldo. Evidentemente, hay otros muchos museos en cada territorio, pero esos quedaban bajo la competencia exclusiva o directa de Diputaciones, ayuntamientos o particulares, abiertos a un posible acuerdo con el Gobierno. En aquel plan de 1994 se daba un plazo de diez años (aún quedan cinco) para la inversión y las obras que todos, más o menos, necesitaban. De lo previsto para los museos nacionales, el Guggenheim se llevaba lógicamente casi el doble de cantidad que la suma de todos los demás: 15.000 millones uno y menos de 9.000 el resto. Era evidente, sin embargo, que la mayor dificultad de aquel ambicioso plan estaba en la inversión económica, que podría verse aliviada por dos objetivos a conseguir. Uno, que fuera una inversión general (de infraestructura) del país, como se hace con una carretera o un puerto, y no sólo de los departamentos de cultura, aplicando la máxima norteamericana de que "la inversión en cultura nunca se devalúa". Y dos, la propia ley de patrimonio establecía un apartado amplio dedicado a "medidas de fomento", donde se recoge, además del 1% de los presupuesto de las obras públicas, posibles relaciones y acuerdos con personas, entidades o empresas para ayuda o mecenazgo. Para ello, el Departamento de Cultura se ofrecía a elaborar una ley de Esponsorización y Mecenazgo cultural junto con las Diputaciones. Fondos encerrados De todo esto no se ha hecho nada salvo los compromisos adquiridos con el Guggenheim y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, además del acuerdo con el de Museo de Álava y la Diputación de ese territorio. Hoy es el día en que los museos en Euskadi son muchos, y en algunos los fondos, importantes, están encerrados en sótanos o en naves. Otros museos siguen, pese a todo, abiertos gracias al voluntariasmo de determinadas personas, con medios muy limitados, como podrá comprobarse a lo largo de la serie de reportajes que hoy se inician en estas páginas. Esto es más escandaloso ahora que el efecto Guggenheim ha despertado entre los que nos visitan un mayor interés por conocer la memoria histórica y artística de Euskadi. Recuerdo que un grupo de turistas que llegaron a Bilbao y se encontraron sin poder entrar en el Museo Guggenheim reclamaban otros museos, confiados en que se les ofreciera calidad y cantidad, pero se encontraron que unos estaban en obras y otros estaban cerrados. La excusa a esta situación es el dinero. Pero el fondo de la cuestión está en una ley -buena pese a sus defectos- que no se cumple. Y eso es lo grave.