Nada ejemplar

ESPECTÁCULOS COMO el vivido en el Pleno del Congreso del jueves, en el que la inasistencia de 13 diputados del Partido Popular impidió sacar adelante un conjunto de normas de indudable trascendencia social, no ayudan precisamente a reforzar la imagen del Parlamento ante la sociedad. Tampoco dejan en buen lugar a la clase política en su conjunto. El absentismo parlamentario ha sido denunciado en muchas ocasiones en el pasado. Los partidos han establecido mecanismos de control y sanción para combatirlo. Pero, por lo que se ve, sigue produciéndose, incluso en los actos de máxima importancia en la vida parlamentaria. El jueves, el Pleno del Congreso se enfrentaba a la aprobación de un variopinto proyecto de ley de reforma del Código Penal, en el que figuraban cuestiones como los malos tratos a la mujer y algunas modalidades de abusos sexuales a menores y de pornografía infantil. El proyecto de ley se quedó en la cuneta al no alcanzar la mayoría absoluta (175 votos) requerida. Pero en lo sucedido confluyen otras causas, además del absentismo imputable al partido del Gobierno. De un lado, está la práctica prepotente y arriesgada del PP de aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para introducir en los proyectos de ley enmiendas que luego, en el acto de su aprobación definitiva por el Congreso, tiene dificultades en sacar adelante con la relativa e inestable mayoría de que dispone en esa instancia parlamentaria. De otro, está esa costumbre de mezclar en un mismo proyecto de ley, sometido a votación única, reformas sobre asuntos tan dispares como son los malos tratos a mujeres y los abusos sexuales a menores.

El resultado de esta confluencia de causas -absentismo parlamentario, ventajismo del PP en el Senado y votación única sobre materias que nada tienen que ver entre sí- ha sido dejar en el limbo parlamentario asuntos socialmente urgentes, como la persecución legal de la violencia doméstica. Al PSOE, e incluso a Coalición Canaria, les pareció un abuso la enmienda introducida por el PP en el Senado pretendiendo equiparar en penas de cárcel la producción y distribución de pornografía infantil y su mera tenencia y posesión. Y su abstención en la votación del proyecto de ley puso en evidencia a los diputados ausentes del PP, cuyos votos se revelaron indispensables para sacarlo adelante y no desairar una vez más a la ministra Mariscal de Gante.