El Gobierno acepta firmar un convenio económico con las Iglesias protestantes

El Gobierno se comprometió ayer con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) a estudiar la posibilidad de establecer un convenio económico con las Iglesias protestantes, semejante al que disfruta la Iglesia Católica. En España hay 747 entidades religiosas protestantes con más de 350.00 fieles, casi 1.700 lugares de culto y varias organizaciones de asistencia social muy activas. Por primera vez desde su creación en 1992, ayer se reunió en Madrid el plenario de la comisión mixta paritaria formada por el Estado y las iglesias protestantes, presidida por el director general de Asuntos Religiosos, Alberto de la Hera, y el secretario ejecutivo de la FEREDE, Mariano Blázquez. Éste afirmó antes de entrar a la reunión que los protestantes españoles se sienten "muy discriminados en la práctica y en el Derecho" en relación con la Iglesia Católica, pero su encuentro con los responsables de los asuntos religiosos en la Administración le permitió firmar, al final del encuentro, un manifiesto conjunto en el que se afirma que las relaciones entre el Estado y los protestantes españoles "transcurren en un clima de normalidad".

"Habrá que seguir trabajando para resolver diversas cuestiones pendientes", añade el manifiesto. Los protestantes y otras religiones minoritarias de arraigo en España llevan tiempo exigiendo que se resuelvan los muchos incumplimientos y discriminaciones que sufre la legislación básica en materia de libertad de conciencia, religiosa y de culto.

El director general de Tributos, Enrique Giménez-Reina, representante del Ministerio de Economía y Hacienda en la comisión mixta, reconoció ayer, por ejemplo, el derecho de estas iglesias a recibir también una asignación tributaria, como ocurre con la Católica. Pedro Tarquis, portavoz de la FEREDE, declaró que una de las opciones que se estudiará será la introducción de una nueva casilla en las declaraciones individuales de la renta (concepto del que ya se beneficia la Iglesia Católica, a la que el 35,11% de los declarantes de 1997 asignaron el 0,5239% de su IRPF, en total unos 20.000 millones), de tal forma que los contribuyentes puedan asignar también sus tributos a financiar las obras sociales de los protestantes.

Tarquis advierte, sin embargo, que los protestantes prefieren la opción de la asignación presupuestaria directa, porque no creen razonable equiparar en la declaración de la renta las creencias religiosas con "otros fines" de carácter social y humanitario.