El Parlament pide que se exija saber catalán a los nuevos jueces que vengan a Cataluña

Todos los grupos parlamentarios catalanes, excepto el del Partido Popular (PP), aprobaron ayer una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de la Generalitat para que promueva que las Cortes reformen la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de que el conocimiento del catalán y de las demás lenguas autonómicas se valore como un requisito para la provisión de las plazas de jueces y magistrados en esas comunidades. Actualmente ese conocimiento lingüístico se considera un mérito.

El pasado 25 de marzo, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, firmaron un convenio de colaboración que premia el conocimiento oral y escrito del catalán hasta con tres años de antigüedad en el escalafón judicial. Ese acuerdo es la aplicación práctica de un reglamento del CGPJ contra el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura recurrió ante los tribunales. En 1995 el Tribunal Supremo ya anuló un reglamento similar. Sin embargo, el grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) apoyó ayer la proposición no de ley de Esquerra Republicana. El diputado Joan Ridao explicó ante la comisión de justicia que sólo está redactado en catalán el 2% de las actuaciones judiciales escritas que se realizan en Cataluña y que el 86% de los jueces no ha escrito nunca una resolución en esa lengua. El diputado socialista Xavier Guitart, en medio del incesante murmullo de los diputados convergentes, encabezados por Raimon Escudé, explicó que esa medida era insuficiente y que hacían falta otras, como la descentralización del poder judicial o traspasar a la Generalitat todas las competencias de justicia. Por el contrario, el diputado popular Jacint Vilardaga se opuso a reformar la ley porque si prosperase la iniciativa "se vulnerarían otros derechos" que no enunció. "Tics facciosos" La misma comisión de justicia debatió otra proposición socialista sobre los retrasos en la concesión de permisos a los reclusos de Quatre Camins por parte del ex juez de vigilancia penitenciaria José Ramón Manzanares. El diputado Guitart aseguró que el magistrado "era indigno" de ocupar ese cargo porque no creía en la función resocializadora de la prisión y Ridao afirmó que su actuación como juez evidenciaba "tics facciosos". El resto de los diputados se sumó a las críticas contra Manzanares por sus resoluciones. Ante la unanimidad de criterios, el Partit dels Socialistes aceptó la sugerencia de CiU y el PP de retirar su proposición por desfasada. Manzanares está destinado actualmente en un juzgado civil de Barcelona.