Zamora no despeja

UNO DE los constructores acusados por la persona que destapó el caso Zamora de haber entregado dinero a Aznar para financiar su campaña a la presidencia de Castilla y León en 1987 ha reconocido ante el Tribunal Supremo la veracidad de esa acusación, rectificando lo que había negado anteriormente. La declaración deja en posición desairada al presidente del Gobierno y a su partido, que años después utilizaron los más hirientes epítetos contra los socialistas a cuenta de sus ilegales métodos de financiación y que les llevaron a cuestionar la legitimidad de la victoria socialista en 1989 por haber recibido financiación ilegal a través de Filesa.Cuando, hace dos años, surgieron las primeras noticias del caso, Aznar consideró "poco serio" que le preguntasen por el supuesto cheque que le habrían entregado en un hotel de Valladolid tres constructores de Zamora. El PP quitó importancia a la denuncia alegando la escasa credibilidad del empresario denunciante, procesado por estafa. El hecho de que un miembro del PP, ex alcalde de Zamora y luego presidente de la Diputación, Antolín Martín, otorgara credibilidad a esa denuncia, hasta el punto de trasladarla a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, fue despachado por la dirección local del PP con el argumento de que actuaba "por despecho". Martín había caído en desgracia para entonces tras una serie de batallas internas de poder.

La explicación del despecho es, por cierto, la misma que recientemente dio el PP ante las denuncias de su ex presidente en Tenerife, Francisco de la Barreda, sobre actuaciones supuestamente irregulares que afectaban a dirigentes de su partido. El informe de la Comisión de Investigación del Parlamento canario constituida al efecto ha constatado la existencia de serias irregularidades, y la Fiscalía Anticorrupción acordó ayer investigar los hechos. Puede que haya un componente psicológico de despecho en el origen de éstas y otras denuncias de corrupción (como en el caso Filesa), pero ello no anula necesariamente su veracidad. En el asunto de Zamora, el constructor que ahora ratifica la denuncia inicial no es ya un testigo indirecto, sino una de las tres personas señaladas por la supuesta entrega del cheque a Aznar.

¿Donación o cohecho? La actual ley de financiación de partidos limita la cantidad que cada formación puede recibir de donaciones anónimas y prohíbe las que proceden de empresas que "realicen obras" para cualquier administración pública. Es cierto que esa ley se aprobó tres semanas después de que se celebraran las elecciones para las que se recaudó supuestamente este dinero. Pero parece difícil considerar como donación no finalista una entrega de dinero que, según lo declarado ante el Supremo, fue solicitada con la promesa de futuras adjudicaciones de obras. El declarante ha dicho también que su anterior negativa a reconocer los hechos la hizo a instancias de un diputado del PP que le ofreció más contratos de obras. Si hay o no delito es algo que dilucidará la justicia, pero los indicios que están aflorando ya no se pueden despachar con una gracieta. Lo único que resultaría poco serio es que Aznar no diera explicaciones.