Unos 2.500 menores con problemas viven amparados por la Comunidad

Unos 2.500 menores con problemas se encuentran bajo el paraguas asistencial de la Comunidad, según los últimos datos de la consejería de Bienestar Social. La negligencia de los padres -en el 40% de los casos- el maltrato físico o emocional, la explotación laboral o las agresiones sexuales son los responsables de que los centros de amparo valencianos se encuentren al 90% de su capacidad. El mayor número de acogidas, sin embargo, se produce en familias que albergan de forma provisional o permanente a los menores.

La entrada de los menores en la red asistencial es el final de un proceso administrativo -no judicial- por el que los poderes públicos acaban asumiendo la tutela o la guarda de los chavales. La Administración, en el caso de la Comunidad los servicios de atención de la consejería de Bienestar Social, es quien declara el desamparo y asume la tutela de los menores, una decisión contra la que cabe el recurso ante la autoridad judicial, opción no demasiado frecuente. Cada año se producen más de mil altas en los centros de acogida -tanto públicos como privados- o los niños son alojados con familiares propios o familias distintas ante la incapacidad de sus padres de educarles. Este millar suma los casos de los padres que pierden la patria potestad de sus hijos y aquellos en los que, a pesar de mantener la tutela del menor, pierden su cuidado diario. El último día de 1998, la dirección general de Bienestar Social contaba con 2.500 jóvenes ya fuera en residencias o familias. El número de menores de la Comunidad ascendía a 906.584 en 1996. El principal motivo que lleva a los menores valencianos a la red de protección es la negligencia de los padres. Las desatenciones escolares, médicas o higiénicas suman el 40% de las razones que provocan que los menores dejen de depender de sus padres. Por detrás, se encuentra el maltrato físico, con un 20% de los casos, y el emocional, con un 30%. A un mismo nivel están las acogidas motivadas por la explotación laboral del menor y el denominado maltrato prenatal -la drogodependencia de la madre que provoca la intervención de los servicios sociales tras el parto-. El porcentaje menor, según los datos de Bienestar Social, corresponde a las actuaciones motivadas por agresiones sexuales, con un 5%. De todos estos chavales, más de 800 viven en residencias de la propia consejería o de entidades privadas que conciertan sus servicios con la Administración. En total, la red pública ofrece 21 centros con 480 plazas y la privada otros 25 con 420 plazas, lo que suma un total de 900 plazas, que se encuentran ocupadas en un 90%. Otros 1.419 se encuentran en situación de acogimiento familiar aceptado por los propios padres. Esta categoría incluye tanto a familiares próximos -tíos o abuelos- como a familias que se ofrecen a albergar a los menores de forma temporal o permanente. En este sentido, de las 540 altas de acogimiento familiar consentido por los padres durante 1998, la mayoría, es decir 255, fueron permanentes. Este caso corresponde a familiares que ante los problemas que provoca la falta de tutela efectiva, solicitan un acogimiento permanente que les permita convertirse en los representantes legales de los menores.