El Ayuntamiento de Cádiz decide rehabilitar 350 casas por su cuenta

El Ayuntamiento de Cádiz rehabilitará por su cuenta 350 viviendas del casco antiguo de la capital, el número de actuaciones que se recogían en el convenio de colaboración firmado con la Junta y que no se ejecutará. Por su parte, la Consejería de Obras Públicas va a actuar unilateralmente en el casco histórico a través de una oficina de rehabilitación propia aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno. El pleno del Ayuntamiento de Cádiz, el último de carácter ordinario del actual mandato corporativo, aprobó ayer facultar a la empresa municipal de viviendas, Procasa, para rehabilitar las 350 viviendas: 100 en régimen de alquiler, otras 100 para venta y 150 actuaciones singulares. El presupuesto de la intervención, aún por cerrar definitivamente, se calcula en unos 800 millones de pesetas. "tenemos derecho a actuar en la ciudad de Cádiz porque no nos podemos plegar a la Junta", argumentó la alcaldesa, Teófila Martínez, quien considera "una discriminación aceptable" la actuación de la Junta en la ciudad. La oposición cuestionó la oportunidad electoralista de la medida y avisó de que la actuación anunciada no cuenta con consignación presupuestaria, aunque el concejal de Urbanismo, Guillermo Boto, lo negó. El portavoz del PSOE, Hipólito García, dijo que se trataba "de un mero acto propagandístico sin ningún sustento" y Fernando Santiago, de NI, acusó al PP de "morder la mano que le da de comer" en alusión a sus relaciones con la Junta. "Ése es un concepto servil de la política", respondió Teófila Martínez. La tarde anterior, el consejero Francisco Vallejo, inauguró oficialmente a la oficina de rehabilitación e hizo un llamamiento a la colaboración municipal. "Ya se ha acabado el tiempo del debate político", señaló, "porque en materia de rehabilitación de viviendas tenemos que reconocer que, hasta ahora, nos hemos equivocado todos". La oficina parte con un presupuesto de 5.000 millones de pesetas y con la capacidad de endeudamiento de la empresa Pública de Suelo de Andalucía, de la que depende el organismo recién creado.