El caso del bebé maltratado en Málaga desvela fallos y enfrenta a instituciones

El caso de Tamara, la niña de nueve meses brutalmente maltratada por sus padres, ha sacado a la luz fallos en el sistema de protección de menores, ha originado una bronca política entre la Junta y el Ayuntamiento que se echan la culpa de la situación de la pequeña y ha provocado peticiones de dimisión de responsables de Asuntos Sociales de ambas administraciones. Aún más: ha obligado a la consejería a admitir que hubo descoordinación y a asumir el compromiso de revisar todos los expedientes de los menores en situación de riesgo.

¿Cómo la pequeña pudo ser sometida a palizas casi desde que nació sin que ninguna administración lo advirtiera? ¿Por qué no se hizo un seguimiento de sus padres, teniendo en cuenta que eran una familia de riesgo porque ya habían perdido la tutela de otros cuatro hijos por abandono y explotación? Estas preguntas hechas por Antonio Jurado -jefe de pediatría del hospital Materno donde Tamara se recupera de múltiples fracturas, anemia severa y quemaduras- al dar el parte médico de la pequeña pusieron el lunes en la picota la actuación de las administraciones. A partir de ahí, la bronca política estaba servida. La delegada de Asuntos Sociales, Ana Paula Montero, echó la culpa a los servicios sociales municipales "más próximos" al ciudadano por no haber informado a la Junta. Ayer, la concejala de Asuntos Sociales, Mariví Romero, salió al paso de estas acusaciones y resaltó que las competencias en malos tratos a menores corresponden a la administración autonómica: "Es un fallo suyo. El caso se les ha escapado de las manos por falta de coordinación entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Servicio de Atención al Niño (SAN)". La edil recordó que en 1988 la madre perdió la tutela de su primer hija porque Salud comunicó al SAN la situación de riesgo del bebé. "Ha habido descoordinación, pero entre ellos; si quieren que los servicios sociales comunitarios emitan esos informes que nos transfieran las competencias y los recursos", reclamó. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, reconoció el miércoles que había habido descoordinación en el caso, pero entre la Junta y el Ayuntamiento "porque si los servicios sociales comunitarios no informan a la administración autonómica, nosotros no podemos actuar". Pese a esta crítica, Saldaña asumió su "parte de responsabilildad". Dimisiones A este cruce de acusaciones se sumaron ayer los partidos políticos. IU pidió la dimisión de Montero y la de Romero por la "irresponsabilidad y negligencia demostradas" por ambas administraciones. Desde el PP, la culpa se hizo recaer solo en delegada provincial de Asuntos Sociales y se avanzó que se pedirá su renuncia si se confirma su responsabilidad en el caso "por no haber controlado a la familia". Hoy la Junta y el Ayuntamiento mantendrán un encuentro para estudiar el caso, que el pedriatra que asiste a la pequeña considera como el más grave de sus 30 años de ejercicio. Tamara, nacida en el hospital Maternal de Granada, tiene fracturas en brazos, piernas y clavículas, malnutrición, pérdida del cartílago nasal y de parte de una oreja a causa de las palizas que le propinaban, supuestamente, sus padres. Debido a la falta de cuidados, la niña pesa poco más de cinco kilos, casi la mitad de lo normal para su edad. Sus padres están en prisión desde el fin de semana acusados de malos tratos. Según fuentes judiciales, no se prevé su libertad provisional. El caso de Tamara ha llevado a la Consejería de Asuntos Sociales a asumir el compromiso de revisar todos los expedientes de menores de Málaga que estén en situación de riesgo, un reconocimiento tácito de que pueden haber fallos en el sistema. La delegada de la Junta justificó que el caso no fuera detectado por la administración autonómica en que la pequeña no nació en Málaga y en los constantes cambios de domicilio de la madre, que incluso pasó por varias cárceles de España.