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La criminalidad en Andalucía creció en 1998 un promedio del 5,8%, según la memoria del fiscal

El índice de criminalidad durante 1998 aumentó en Andalucía un 5,8%, según la memoria de la Fiscalía del TSJA. Las provincias de Almería (con un 12%), Jaén y Cádiz (con un 10%) fueron las que experimentaron un mayor crecimiento relativo, si bien Málaga, con 206.789 asuntos penales incoados, continúa a la cabeza. Por contra, en Granada la criminalidad descendió un 2,5%. En la memoria el fiscal lamenta las molestias que producen las concentraciones nocturnas callejeras y admite que se han detectado fallos en el programa informático para la elección de los jurados populares.

En Almería se incoaron 49.681 asuntos penales, un 12% más que en el año precedente, lo que la convierte en la provincia donde creció más la criminalidad. El tipo más frecuente, como casi en el resto de Andalucía, es la delincuencia contra la propiedad, especialmente los robos con fuerza en las cosas y los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Asimismo tuvieron un peso importante los asuntos vinculados con la inmigración. Cádiz y Jaén duplicaron la media de criminalidad. En la primera de ellas se abrieron 24.813 diligencias previas por robo con fuerza, 14.434 por hurtos y 3.511 por robos violentos. La Fiscalía se queja en la memoria de las "carencias múltiples" que padece en la provincia gaditana, "entre ellas la atención que no siempre se dispensa sobre la comarca de Gibraltar que merece una más decidida solución ante las necesidades personales y materiales". En términos absolutos, sin embargo, la primera provincia en número de asuntos penales fue Málaga, con 206.789, seguida por Sevilla, con 200.799. En ambas provincias el aumento fue de un 8% y un 5% respectivamente. En Granada, por contra, la memoria sostiene que el descenso de la criminalidad abre "una etapa firme de estabilidad en la lucha contra el delito". Movida Entre los comentarios que acompañan a la memoria, el fiscal jefe Luis Portero alude un año más a las molestias derivadas de las concentraciones nocturnas en las zonas de alterne. Por contra, el fiscal se felicita por la cooperación prestada por los grupos ecologistas y la Administración para perseguir los delitos contra el medio ambiente. En 1998 se recibieron y tramitaron en la Fiscalía 64 denuncias por infracciones contra el medio, de las cuales 59 procedían de organismos oficiales. También ha decaído el número de actuaciones emprendidas contra los basureros incontrolados. Respecto a los juicios con jurado, Luis Portero sostiene en su informe que la ley que es "imperfecta". "Ya no vale el argumento de que esta ley lleva un corto periodo de aplicación; por muchos años que pasen seguirá siendo absurdo celebrar juicios con jurado por amenazas o allanamiento de morada, y con el paso del tiempo no mejorará la desmedida regulación que dicha ley tiene de los delitos conexos". Además, el fiscal admite que ha detectado "defectos en los programas informáticos para la selección de candidatos a formar parte de un jurado. Así por ejemplo se selecciona en ocasiones a personas que ya han formado parte de alguno, fallo éste que considero que será muy fácil de remediar". No obstante, el fiscal hace autocrítica y confiesa que "los fiscales no le damos la debida importancia" a la fase del juicio oral en que se recibe en audiencia a las partes. "El fiscal nunca puede ser un asistente pasivo de dicha diligencia, por el contrario ha de hacer una valoración pormenorizada de la propuesta de veredicto". Portero también reflexiona sobre la delincuencia juvenil. En el caso de Granada, el fiscal señala que el equipo técnico de apoyo al juzgado de Menores, encargado de detectar las causas que llevan al joven a elegir una conducta anómala, propuso 324 medidas, de las cuales 123 eran de archivo de las diligencias. En siete casos propuso que los menores reparan el daño causado con actividades desinteresadas de beneficio comunitario, tales como participar en el arreglo de zonas dañadas, ayudar a asociaciones de inmigrantes o borrar pintadas callejeras.

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