La paridad, un derecho de ciudadanía

Desde que en 1992 en Atenas las mujeres reunidas acuñábamos el concepto de democracia paritaria, sabíamos que no sólo estábamos estableciendo una simple cuota de representación o participación en los procesos de toma de decisiones, sino que además defendíamos la propia democracia y los derechos fundamentales de las mujeres.Constatábamos que la ausencia de mujeres en los centros de representación política y de toma de decisiones implicaba e implica un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia, ya que si el 52% de la sociedad no participa, se está de hecho ignorando los planteamientos, puntos de vista e intereses legítimos de la mitad de la población. Déficit democrático que plantea la legitimidad de las estructuras políticas existentes y nos induce por ello a desarrollar estrategias tendentes a acortar la distancia que separa a ambos sexos en materia de toma de decisiones y reparto del poder.

En lo referente a la propia defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, desde mi punto de vista, hay que introducir en el discurso de la defensa de la paridad una modalidad diferente, en la fórmula de planteamiento de cómo se viene haciendo en la actualidad -pienso que desinteresadamente-, en la que se define como un criterio o voluntad política, que adoptan las diferentes opciones políticas para acortar las desigualdades en materia de toma de decisiones.

Para nosotras las mujeres, la paridad es un derecho fundamental de ciudadanía de las mujeres. "El derecho a ser elegidas, que un Estado de derecho, como es el nuestro, está obligado a legislar, promoviendo y protegiendo dicho derecho, pero no sólo en el ámbito político, sino en todos y cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana, económico, cultural, social, etcétera.

En estos momentos podemos comparar que al igual que las feministas de la primera mitad del siglo XX se movilizaron en torno al derecho al voto (como un derecho de ciudadanía de las mujeres), actualmente a fines del siglo XX las mujeres nos movilizamos en torno al derecho de ser elegidas, como otro derecho de ciudadanía.

¿Y por qué así?

Porque los derechos fundamentales de las mujeres no son discutibles, ni pueden ser considerados como privilegios o dádivas que nos conceda el poder masculino.

Porque las leyes constitucionales de los diversos países miembros de la Unión Europea (entre los que se encuentra España) y en el propio Tratado de la Unión Europea se establece el reconocimiento jurídico de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como las medidas de acción positiva que hay que poner en práctica para resolver las desigualdades.

Y, además, porque ¿qué Gobierno no otorgaría legitimidad jurídica a los derechos fundamentales de las mujeres, si con ello contribuye a evitar el déficit democrático que aqueja a la sociedad actual, fruto de la insolidaridad planteada entre ciudadanos y ciudadanas?

Por tanto, y en esta línea, introducir la paridad en la ley, por la cual se rige el sistema electoral es imprescindible, en base a que las discriminaciones que sufrimos las mujeres no están sólo en un cambio de actitudes, sino que las modificaciones de las leyes son necesarias y máxime cuando se trata de legislar sobre un derecho fundamental del 52% de la ciudadanía.

En estos momentos se hace necesario una nueva forma de legislar en base a ese nuevo contrato-social de género que queremos implantar, que haga que la sociedad de modelo patriarcal desaparezca, para dar paso a esa sociedad nueva del compartir entre ambos géneros, el poder, el empleo y las responsabilidades familiares y domésticas.

Pero para avanzar en este objetivo es necesario que a este concepto de distribución a la par de mujeres y hombres en los puestos de decisión, se sume el de "pacto de género" haciendo que el eslogan de la campaña de Más mujeres desde las mujeres que utilizamos en este año de elecciones la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres se haga realidad de cara a los próximos comicios electorales del 13 de junio, incorporando en las listas electorales a mujeres comprometidas con el movimiento de mujeres en la defensa de los derechos e intereses legítimos de éstas.

Las mujeres, cada vez más, nos configuramos como un cuerpo electoral con intereses definidos y, por tanto, capaces de decidir los resultados electorales en función de la identificación de las diferentes propuestas políticas, como nuestras propuestas. Por tanto, es tiempo de reflexionar y actuar en consecuencia.