El Gobierno prepara una ley para mejorar la eficacia de su defensa judicial. La futura ley promoverá el análisis de la causas que provocan los pleitos con la Administración
El Gobierno vasco va a profundizar durante esta legislatura en la búsqueda de la eficacia de la representación y defensa en juicio de la Administración. Para ello, encomendará a sus servicios jurídicos centrales la tarea de conciliar el interés general del Gobierno con los intereses particulares de los departamentos implicados en procesos judiciales. Esta concertación se realizará a través de una ley, que permitirá unificar criterios. La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia confía en que esta homogeneización interna le conceda al Gobierno una mayor agilidad a la hora de responder a las demandas que interponen los ciudadanos en los juzgados de lo Contencioso Administrativo y colaborar así en el logro de una justicia más rápida. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo se encargan de resolver los pleitos que emprenden los ciudadanos y los funcionarios contra las administraciones públicas. La Vicepresidencia del Ejecutivo impulsará la aprobación de la Ley de Representación y Defensa en Juicio, que se incluye entre las medidas de reforma y modernización de la Administración. Esta norma hará especial hincapié en aspectos como la terminación del proceso mediante acuerdos con las partes demandantes, la interposición de recursos o los allanamientos y desistimientos , es decir, cuando la Administración opta por no seguir litigando y retirarse del juicio.La futura ley también regulará la colaboración de los servicios de Presidencia del Gobierno con los departamentos que han promovido el procedimiento que ha sido impugnado por los tribunales, a efectos de atender a la ejecución de las sentencias. Además, se promoverá el análisis y la identificación de las causas que motivan los pleitos y de la doctrina que vayan sentando los tribunales. De este modo se podrán sacar enseñanzas y sugerir medidas correctoras del funcionamiento de la Administración. La Vicelehendakaritza sostiene que las obligaciones de la Administración en relación con la ejecución de las sentencias no se agotan con el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales, sino que las futuras actuaciones administrativas deben acomodarse a la doctrina que vayan estableciendo los tribunales. Según el Gobierno, la mayor eficacia de la defensa en juicio no debe ser incompatible con un sistema que facilite el desistimiento, cuando así lo exija de forma evidente el principio de legalidad, ni con la filosofía de evitar la interposición de recursos de forma mecánica, para reducir así la litigiosidad administrativa. Operatividad interna Este tipo de leyes ya existen en otras comunidades autónomas. Fuentes de la Vicelehendakaritza aseguraron que "se ha visto la necesidad de coordinar los servicios jurídicos del Gobierno (los centrales y los de los diferentes departamentos) para que existan criterios comunes a la hora de defender a la Administración en los juicios". "Es una cuestión de operatividad interna", insisten. Sin embargo, los especialistas jurídicos de la Vicepresidencia consideran que el colapso que en la actualidad sufren los juzgados y salas de lo Contencioso Administraticvo, con 23.000 casos esperando sentencia, podría dar al traste con las intenciones del Gobierno de ayudar a conseguir una justicia más rápida. En la vía contencioso administrativo recalan todos los asuntos en los que intervienen los poderes públicos. De los aproximadamente 5.000 casos que entran anualmente en estos juzgados, los jueces pueden encontrarse con reclamaciones a Osakidetza por una presunta negligencia en un tratamiento o en una intervención quirúrgica, con la queja de un contratista disconforme con la adjudicación de una obra municipal o con el recurso de un conductor contra una multa de tráfico. También existe otro capítulo destinado a los funcionarios públicos. Por ejemplo, el conflicto entre el profesorado y el Departamento de Educación por el complemento de destino abarca casi la mitad de los casos que en estos momentos se encuentran pendientes de sentencia: 10.000 de los 23.000 que se acumulan en el Contencioso. La vía de acuerdo extrajudicial en la que ha entrado esta disputa podría rebajar de manera notable el trabajo a los juzgados y salas de lo Contencioso Administrativo, al retirarse las demandas. La futura ley de Representación y Defensa en Juicio afectará en exclusiva a los servicios jurídicos del Gobierno, pero el resto de servicios de las demás administraciones (diputaciones y ayuntamientos) también podrían beneficiarse de esta norma y favorecer así la unificación de criterios entre sus departamentos.
