El fiscal obliga a que se interrumpan las expulsiones de menores en Ceuta

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado a la Policía Local de Ceuta que interrumpa las expulsiones de menores marroquíes en situación de desamparo. En un escrito del 16 de marzo, que responde a una solicitud de la Asociación para los derechos del Niño Prodeni, Cardenal anuncia que se ha ordenado a las fuerzas policiales que cuando localicen a un menor extranjero en situación de desamparo lo comuniquen a las entidades protectoras en vez de llevarlo a la frontera.

Las órdenes del fiscal general del Estado obedecen a lo establecido en la Ley de Extranjería y en la Ley de Protección Jurídica del Menor, en las que se prohíbe que los menores extranjeros sean sometidos al procedimiento de expulsión y se exige que, cuando los menores se encuentren en situación de desamparo, la autoridades asuman su tutela.No es la primera vez que una autoridad emite órdenes de este tipo dirigidas a parar la expulsión de niños en Ceuta. Ya el 11 de noviembre del año pasado, una orden ministerial exigía que no se expulsara a los menores en situación de desamparo.

Pero varias asociaciones denuncian que las expulsiones se siguen produciendo. Y no sólo aseguran que no es la policía la que las realiza, sino un grupo parapolicial llamado Agentes de Atención Directa, que dependen del Gobierno de Ceuta. El argumento que utilizan para expulsarlos es que no están en situación de desamparo, sino que al otro lado de la frontera les esperan sus padres o las autoridades marroquíes, que se hacen cargo de ellos. Pero el hecho de que muchos de los niños sean expulsados hasta 25 veces demuestra, según las asociaciones, que están desamparados, porque vuelven una y otra vez a Ceuta.

Todos estos datos están recogidos en una querella que cinco asociaciones e Izquierda Unida han interpuesto por prevaricación y detención ilegal contra el delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, y varios responsables policiales.

Uno de los abogados que representa a estas asociaciones, Gonzalo Martínez Fresneda, asegura que la querella se está enfrentando a "todo tipo de impedimentos" en el juzgado de instrucción número 3 de Ceuta, donde se lleva la causa. Primero el juez exigió una fianza de dos millones de pesetas, a los que añadió otros dos cuando dos nuevas organizaciones se sumaron a la querella. Las ONG recurrieron esta decisión, pero la Asociación Pro Derechos Humanos, una de las querellantes, obtuvo un aval por esa cantidad para poder presentarse en la causa. El caso es que el juez no admite ese aval, al menos de momento, argumentando que sólo tiene validez de un año. Por ello, la querella parece de momento bloqueada y uno de sus principales protagonistas, el delegado del Gobierno, todavía no ha sido llamado a declarar.

Mientras, los tres policías que denunciaron las actuaciones de este cuerpo parapolicial siguen suspendidos de empleo y sueldo, y se enfrentan a cinco expedientes.

Prodeni sostiene en un comunicado que las autoridades ceutís argumentan la falta de medios adecuados para acoger a los menores, y critica esta excusa porque "no exime del cumplimiento de las leyes". Según Prodeni, el documento del fiscal general del Estado "deja en evidencia a las autoridades de la ciudad".

En su escrito, Cardenal sostiene que ya se ha comunicado a la Policía que no debe entregar a las autoridades policiales marroquíes ningún menor "si no existen garantías de que van a ser entregados a las autoridades de protección de menores o a la familia del interesado". En la delegación de Gobierno aseguran que "en muy poco tiempo" se va a poner en marcha un programa que han diseñado, junto con la secretaría de Asuntos Sociales, para solucionar esta espinosa cuestión.

El programa, que cuenta con financiación española, consiste en atender a los menores en Ceuta, identificarlos, y en caso de que estén en situación de desamparo, entregarlos a la ONG marroquí ATIL, con sede en Tetuán, para que se haga cargo de ellos. La idea es que los niños viven en España en situación de "desarraigo social", por lo que la única manera de sacarlos de ella es que se les escolarice y atienda en Marruecos. Pero lo que defienden las ONG es que los niños sean atendidos en España. Y recuerdan que la Ley del Menor les concede el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y a recibir la tutela de la Administración.