Sampaio y Guterres tratan de superar el caos judicial portugués

El presidente de la República, Jorge Sampaio, y el primer ministro portugués, el socialista António Guterres, analizaron ayer la grave crisis institucional que atraviesan los servicios de información del país y su caótico aparato judicial, controlado por el todopoderoso fiscal general del Estado, José Narciso da Cunha Rodrigues, quien lleva 14 años en el cargo. Un amplio sector de la judicatura, el Colegio de Abogados y los responsables de la Policía Judicial han criticado duramente la concentración de poder en manos de Cunha Rodrigues, a quien responsabilizan de "poner en peligro" la democracia y el Estado de derecho.El escándalo se inició la semana pasada y arrastró, entre sus coletazos, al líder de la oposición, el socialdemócrata Marcelo Rebelo de Sousa, quien el pasado viernes presentó su dimisión como presidente del PSD y anunció la ruptura de la coalición de centro-derecha (la Alianza Democrática), a tres meses de las elecciones europeas y con las legislativas previstas para octubre. La crisis ha vuelto a poner en evidencia el enorme desprestigio de la justicia lusa, que recientemente reconocía la prescripción de los casos de corrupción más importantes de los últimos 15 años.

Actividad ilegal

El escándalo se ha ido tejiendo durante la pasada semana. El ex director del Servicio de Informaciones Estratégicas del Ministerio de la Defensa (SIEDM), António Monteiro Portugal, acusó al titular del departamento de ordenarle investigar las actividades de algunos almirantes y generales. Su denuncia coincidió con la filtración a la revista Visão de un informe de otro servicio de información, en este caso civil, que daba cuenta de las graves irregularidades detectadas en la Universidad Moderna, una institución privada dirigida por altos responsables de una logia masónica adversaria, de la que forman parte un gran número de miembros del Gobierno socialista.Dicho informe sostiene que la Universidad Moderna ha desarrollado en los últimos años actividades sospechosas relacionadas con "el contrabando de armas, escuchas telefónicas, financiamiento ilegal, blanqueo de dinero o diversas transacciones para controlar algunos medios de comunicación".

Precisamente, el aliado de Rebelo de Sousa en la Alianza Democrática, el presidente del Partido Popular, Paulo Portas, aparecía involucrado en las investigaciones abiertas sobre la Universidad Moderna, donde había prestado sus servicios como director de su centro de sondeos. Por su trabajo había recibido un salario desproporcionado y aún disfrutaba de un lujoso coche oficial. Esas conexiones y las indiscretas revelaciones de Portas sobre una conversación privada con Rebelo de Sousa forzaron la dimisión del líder de la oposición. Por otro lado, las supuestas fugas de información sobre las actividades de la Universidad Moderna provocaron el cese del director de la Policía Judicial, Fernando Negrão, y la dimisión en cadena de varios de sus colaboradores.