"El 90% de las grandes infraestructuras pendientes corresponden al Gobierno central"

FRANCISCO VALLEJOCONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS El Gobierno ha asumido el estudio de la Junta sobre la prolongación del AVE a Málaga, pero Francisco Vallejo cree que su intención es retrasar su ejecución "cinco o diez años". Aún así, espera que la Administración central participe en las inversiones previstas en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía elaborado por su departamento.Pregunta. El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía plantea actuaciones muy ambiciosas y una inversión de 5,2 billones de pesetas hasta el 2007. ¿No será demasiado? Respuesta. Nos hemos marcado no sólo que el plan sea cumplible, sino que también sea exigible a los que están involucrados. Por un lado, da un paso muy importante para evitar la improvisación: analiza el territorio antes de diseñar las prioridades. Y eliminamos de paso la arbitrariedad en la planificación de las infraestructuras. No es sólo un plan de obras: nuestra intención es dotar al territorio de elementos importantes para que haya más igualdad y más libertad entre los ciudadanos. Y en cuanto a los números, nuestro compromiso es un incremento de un 5% anual en inversiones, un aumento que tiene el visto bueno de Hacienda. Lo que pedimos al Estado es que haga la misma inversión que se hizo de media durante los últimos diez años de Gobierno socialista. P. Pero, ¿cómo esperar una aportación de 2,2 billones del Gobierno central cuando ambas administraciones mantienen posiciones de abierta confrontación? R. Llevamos tres años en los que está claro que el Gobierno central está de espaldas a Andalucía. Cualquier número lo demuestra. Hemos pasado de que se hicieran 140 kilómetros de autovía cada año en Andalucía desde el 85 al 95, a ahora, que se están haciendo 12. En política hidráulica, en tres años no se ha comenzado ni una sola obra en Andalucía. En ferrocarriles, donde la Junta casi no tiene competencias, invierte más que el Estado. Ahora, yo no creo que este vaya a ser un castigo de por vida para la región. P. Habla de compromisos para el futuro, pero la oposición y asociaciones empresariales achacan a la Junta que sus niveles de inversión actuales son insuficientes. R. Eso no es verdad. El año pasado tuvimos el mayor nivel de inversión en obras públicas desde los principios de la década: 107.000 millones de inversión pagada y ejecutada. Y cuando los constructores señalan las grandes infraestructuras que se deben acometer inmediatamente su diagnóstico coincide con el nuestro: el 90% de las grandes obras pendientes corresponden al Gobierno central. P. Por lo pronto, la administración central ha admitido el estudio de la Junta sobre la prolongación del AVE a Málaga. R. Lo curioso es que me tengo que enterar por los medios de comunicación de que un estudio que ha hecho la Junta, que yo he remitido al secretario de Estado, parece ser que ha recibido el visto bueno. Es una actitud insólita. Hay otro segundo aspecto más preocupante: el ministro de Fomento comparece en el Senado y nos pide que hagamos un estudio informativo, que hagamos el proceso de información pública, que después redactemos una declaración de impacto ambiental... Y ahora que está todo, dice que tienen que repetir la información pública y la declaración de impacto ambiental. Esto es chotearse de los andaluces. Todos los ayuntamientos, agentes sociales y económicos implicados ya se han pronunciado y sus alegaciones han sido atendidas. Quieren dar la imagen de que siguen adelante, lo que le viene bien a Celia Villalobos [alcalde-sa de Málaga] y en realidad, lo que quieren es dilatar ad eternum este proyecto. P. Los presupuestos de 1999 de ambas administraciones recogen partidas para el proyecto del AVE ¿Estará listo este año? R. No lo sé. Tienen que hacer algún gesto más. Al menos tienen que licitar algunos proyectos para que le quede alguna credibilidad al Partido Popular en este tema. Es lamentable la situación: tuvimos un trato bastante irrespetuoso del señor Abril Martorell, el anterior secretario de Estado de Infraestructuras. Cuando lo cambiaron por el señor Vilalta, me recibió inmediatamente. Pero hace tres meses que me he vuelto a dirigir a él y ya no recibo respuesta. Ha debido recibir instrucciones de los parlamentarios populares andaluces para cambiar su actitud. P. Con Vilalta pensaba hablar del compromiso del Gobierno central con el futuro metro de Sevilla, un proyecto que lleva atascado años... R. Mientras algunas personas del Ayuntamiento no abandonen planteamientos obsoletos de los años 70 va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. En Europa, ninguna ciudad del tamaño de Sevilla se está planteando el diseño que plantea el Ayuntamiento [líneas subterráneas en el centro histórico]. Todo se ha demorado porque no había una mayoria clara en el Ayuntamiento. Espero que tras las elecciones las nuevas mayorías hagan más fácil el acuerdo. P. El Plan de Ordenación del Territorio que ha elaborado la Consejería basa la planificación en nueves grandes zonas, pero los planes metropolitanos previstos siguen pendientes. R. Es verdad que hay un gran retraso. Pero hay que partir de que no hay ninguna experiencia en planificación territorial de ámbito subregional. Y estamos hablando de planes que incluyen a varias ciudades y que sólo pueden salir por consenso. Por tanto cuando se fija una fecha para aprobar un plan sólo es una declaración de voluntad política. Además es un proceso complicado porque la mayoría de las grandes ciudades ahora están gobernadas por el PP y eso ha incidido en el ritmo. P. El acuerdo urbanístico de Tablada en Sevilla implica una actuación pública no prevista [construir defensas en los márgenes del Guadalquivir] para transformar la naturaleza [inundable] de suelos comprados por particulares. ¿Qué le parece? R. Hay que recordar que los convenios urbanísticos son alegales: no están regulados en la ley pero se están usando como un paso previo a la redacción de un plan general de ordenación urbana (PGOU). Muchos de ellos dan respuesta a compromisos económicos y no a necesidades urbanas. Eso es malo para la ciudad y más cuando no hay transparencia, y más cuando los responsables de urbanismo se enteran por la prensa de que se hacen ciertos convenios y no se conocen los contenidos. En todo caso, un convenio urbanístico en ningún caso tiene que mediatizar la aprobación o revisión de un plan. Y en última instancia, la aprobación después de que lo haga el ayuntamiento, corresponde a la Junta, que puede poner las cosas en su sitio. P. En Marbella, el Ayuntamiento ha concedido al menos 42 licencias desde que se suspendió su PGOU... R. Hay una inseguridad jurídica clarísima. Pero en realidad es para quien quiere asumir riesgos sobre la base de la ilegalidad. Lo que ha quedado claro es que el competente para aprobar un plan es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ya ha admitido que va a hacer un texto refundido. Espero que este camino ayude a recuperar una situación de normalidad, y por tanto a que no haya más equívocos en cuanto a quien tiene la autoridad en materia urbanística para garantizar un crecimiento sostenible.

"El Ayuntamiento de Sevilla tiene un planteamiento obsoleto, de los años 70, en su diseño del metro"