La Junta de Castilla y León prepara una 'amnistía' para edificios ilegales

El Gobierno del PP en Castilla y León prepara una amnistía urbanística que permitirá legalizar las construcciones y urbanizaciones levantadas sin licencia. La medida se incluye en una enmienda presentada por el Grupo Popular al proyecto de Ley de Urbanismo que se debate en las Cortes regionales desde hoy. Además de las críticas de la oposición, la propuesta ha sido rechazada por colectivos profesionales, como los arquitectos, que afirman que se fomentará el "furtivismo urbanístico".

Ni técnicos ni políticos conocen el alcance numérico de la medida propuesta por el Ejecutivo de Juan José Lucas, sin precedentes en otras comunidades autónomas según los expertos.Los partidos de la oposición, los colegios de arquitectos de Castilla y León y diversos colectivos vecinales han criticado esta enmienda. Para el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Jaime González, "no es de recibo que un tema de este calado, que prevé un procedimiento para legalizar las infracciones urbanísticas cometidas durante muchos años, se presente en una enmienda parcial una vez realizado el trámite del debate de totalidad del proyecto de ley, hurtando la opinión a colectivos independientes, como el Consejo Económico y Social, los sindicatos o los colegios profesionales, vulnerando el procedimiento democrático".

Según González, "es una amnistía urbanística por la cual se van a beneficiar los promotores que han construido urbanizaciones ilegales y los grandes propietarios de suelo en el entorno de las ciudades".

"Con anteriores Gobiernos"

El director general de Urbanismo y Calidad Ambiental de la Junta, Alejandro de Lis García, reconoció ayer que no están cuantificados los inmuebles afectados, pero añadió que "la mayoría de las urbanizaciones que se van a regularizar fueron construidas con anteriores gobiernos".Los decanos de los colegios de arquitectos de Castilla y León Este, Carlos Sanz Ceballos, y de León, Alberto Combarros, pidieron al Ejecutivo que retire esta enmienda antes de su discusión.

En un documento entregado a los grupos políticos, los colegios estiman que el texto "es lo suficientemente ambiguo para que no se sepa claramente qué es lo que pretende regularizar". Asimismo, ponen en duda las garantías que tendrá quien utiliza un edificio construido sin proyecto y sin técnicos responsables durante las obras