Los sindicatos ven un "chantaje" en la retirada del decreto del Consell
Para los sindicatos se trata de un "chantaje" del Consell, que, por su parte, habla de "demagogia". La decisión adoptada el pasado martes por el Ejecutivo autonómico de suspender la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de dos decretos sobre selección y provisión de puestos de trabajo y sobre horarios, permisos y licencias de funcionarios aprobados hace dos semanas, motivó ayer un cruce de acusaciones entre los sindicatos y el Consell. Los partidos de la oposición también entraron en liza para acusar al Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana de "totalitario" y "sectario". La polémica ha surgido porque, según los sindicatos, el Consell aprobó un texto diferente al pactado con ellos, lo que el portavoz de Presidencia, José Joaquín Ripoll, calificó de "absolutamente falso". La discrepancia se centra en que el texto aprobado incluye la posibilidad de que los funcionarios que por designación directa ocupen una plaza superior a su categoría puedan consolidar el grado y los complementos de salario. Un añadido que fue reconocido por el mismo Consell el día que aprobó el texto. El Gobierno valenciano, por boca del consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Luis Olivas, dijo ayer que "la reacción de CCOO y de UGT es pura demagogia y está motivada por la proximidad de las elecciones". Olivas explicó que los decretos aprobados son "fruto del trabajo y del acuerdo alcanzado con los sindicatos", por lo que, añadió, "no se entiende que una vez aprobados se critiquen y cuando se decide suspender su publicación porque los agentes sociales no están de acuerdo, éstos reaccionen también oponiéndose". El consejero achacó "este tipo de posturas incoherentes" a "la proximidad de las elecciones" y repitió su oferta de negociar de nuevo con los sindicatos. Recurso a la OIT Mientras, los sindicatos mantienen que la decisión del Consell es "ilegal". Gonzalo Fernández, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, aseguró que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que para adoptar la decisión de anular sus propios actos, el Gobierno debe contar con un informe del Consell Jurídic Consultiu. El dirigente ugetista anunció que, "ante la falta de transparencia y de claridad del Consell", promoverá una pregunta del sindicato ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por este caso. "Es un acto de chulería", dijo Gonzalo Fernández, "no vamos a transigir con el chantaje". Mientras tanto, una veintena de delegados sindicales de CCOO mantenía ayer el encierro en la sede de la Consejería de Economía en protesta por la suspensión de los decretos. Los dos sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones de protesta. Por su parte, los partidos de la oposición creen que el Consell ha "aprovechado" las críticas sindicales como "excusa" para romper el acuerdo alcanzado en la mesa de la Función Pública.
